Todo comenzó en noviembre de 2008, cuando Elisa Carrió junto a otras figuras de la Coalición Cívica, se presentó en Comodoro Py para denunciar a Néstor Kirchner y Lázaro Báez por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. El kirchnerismo atravesaba sus días de mayor popularidad, tras el triunfo de Cristina en los comicios del año anterior y se instalaba en los medios la pelea contra el campo y el Grupo Clarín en un contexto de crecimiento económico a "tasa china". El escrito apuntaba a una asociación ilícita, señalaba el vínculo entre Néstor y Lázaro y cuestionaba la creciente adjudicación de obras del Estado a sus empresas.
El tiempo pasó y la causa se estancó. Carrió realizó 21 ampliaciones a la denuncia original, hasta que en 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, nuevo titular de Vialidad Nacional, presentó el 29 de abril una denuncia formal que volvió a encender el caso. El funcionario se basó en el informe de avance de "Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz", que determinaba que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. La investigación estableció que se adjudicaron de forma irregular 51 contratos.
La investigación a cargo de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques determinó que hubo una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.
Meses más tarde, el juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros por presunta asociación ilícita, trabando embargos por 10 mil millones de pesos. Un año más tarde la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos y finalmente la Cámara de Casación, con Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, ratificó el fallo, delineando el rumbo hacia un juicio oral.
Entre las adjudicaciones cuestionadas se encuentra una ruta ubicada en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que ganó notoriedad por no tener ningún destino. Fue construida en 2009, por la empresa Kank y Costilla, de Lázaro Báez, y tuvo un costo de 79 millones de pesos. Se esperaba que uniera la ciudad con un aeropuerto que tampoco se hizo, por lo que el camino no lleva a ninguna parte.
Otra de las rutas provinciales destacadas en la causa es la 47. En 2011 el entonces ministro de Planificación Julio De Vido anunció que se pavimentarían los 170 kilómetros que la componen, pero aún hoy el 80% sigue siendo de ripio. De acuerdo a un informe de Telenoche, la obra fue dividida en dos tramos: uno adjudicado a Kank y Costilla, y el otro a Austral Construcciones, ambas de Báez. El presupuesto inicial fue de 1.200 millones de pesos, convirtiéndola en la ruta más cara del país.
El juicio comenzó en 2019, en la misma semana en que la máxima dirigente peronista elegía a Alberto Fernández como su compañero de fórmula, que luego se impondría en las elecciones presidenciales de ese año. Días antes de asumir como vicepresidenta, CFK debió declarar y ante los jueces manifestó: "Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar".
La pandemia de coronavirus impuso un freno inesperado de poco menos de dos años pero la causa no se detuvo. El fiscal Luciani pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, en medio de la alta tensión de la causa, la ex mandataria sufrió un intento de asesinato.
A lo largo del proceso, Cristina denunció una "persecución judicial" y señaló irregularidades, como la falta de peritajes completos en 46 de las 51 obras cuestionadas. Los fiscales, en cambio, sostuvieron que la ex presidenta lideró una “matriz de corrupción extraordinaria”, un argumento que dividió a la opinión pública.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal N°2, con jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó a Cristina a seis años e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, absolviéndola de asociación ilícita por dos votos contra uno. La historia tuvo un cierre este martes con el fallo de la Corte Suprema, que por decisión unánime definió que la ex mandataria deberá cumplir la condena convirtiéndola así en la primera ex presidenta en recibir una una condena firme por corrupción.
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