Para el Estado no existen. Son invisibles. Ni un número siquiera. La nada misma. Y son muchos. Son miles. Miles de argentinos que nunca fueron inscriptos en el Registro Civil y que caminan por las calles como cualquier otro, pero sin ningún derecho. Ni siquiera el más elemental de todos: el derecho a la identidad. El drama de vivir sin documentos, en primera persona.
Aunque no hay datos oficiales –en el censo 2020 se va a incluir por primera vez esta pregunta entre los encuestados- algunas ONGs, como Microjusticia, estiman que en el país hay 800 mil argentinos –un 2% de la población- que no tienen Documento Nacional de Identidad y no figuran en ningún registro público, como si directamente no hubieran nacido.
Y eso significa que tampoco gozan de muchísimos derechos. Por ejemplo, jamás pueden tener un trabajo en blanco, votar, registrar una propiedad a su nombre, tener una simple tarjeta Sube, obtener un título secundario, casarse, darles su apellido a sus hijos, acceder a algún beneficio social o, aunque parezca mentira, hasta recibir atención en un hospital público.
Gladys Ponce tiene 38 años, pero sus padres nunca la inscribieron en el registro civil. Así que hace años que está litigando para poder tener una identidad y un número de DNI. Lo que hasta los 12 años de edad se puede resolver con un trámite administrativo, después de los 13 debe pasar por un burocrático proceso judicial que dura más de una década.
Por eso hay varios proyectos enviados al Congreso para modificar la ley y que cualquier persona, independientemente de su edad, pueda resolver su falta de identidad legal mediante un trámite administrativo mucho menos engorroso.
Uno de esos proyectos se llama “proyecto Delia”, el nombre de una mujer que vivió toda su vida sin documentos y que en septiembre pasado murió a los 94 años, cansada de esperar que le reconocieran su identidad. Como testimonio quedó su tumba en el cementerio de Escobar, en cuya lápida se puede leer “NN”.
Gladys ya lleva 38 años en esa condición. Al ser una NN no pudo darle una identidad legal a su hijo y tampoco puede viajar a Rosario para conocer a parte de su familia. Una y otra vez choca contra la misma piedra. Cuando va a la terminal de micro a comprar el pasaje, siempre recibe la misma respuesta: si no tiene un número de DNI no le pueden vender el pasaje.
El precio de no tener un número de documento también incluye la discriminación social. Marianela, de 19 años, abandonó el secundario en segundo año porque no soportaba más las cargadas de sus compañeros. Y lo que es más grave, las de algunos docentes. “Había un preceptor que todos los días me preguntaba adelante de mis compañeros por qué no tenía documento”, cuenta, entre lágrimas.
Todavía recuerda el miedo que sentía cada vez que iba a la escuela. El mismo miedo que Juan Cruz, un obrero de la construcción de 27 años, siente cada vez que anda por la calle y teme ser parado por la policía. “A veces hasta tengo miedo de subir a un colectivo”, cuenta.
Hace unos años con sus ahorros se pudo comprar una moto. Pero lo paró la policía y, como no pudo acreditar su identidad, se la secuestró. Nunca más la pudo recuperar. Lo mismo le pasó unos meses después cuando se compró una segunda. Ahora tiene un auto, pero decidió no sacarlo de su casa hasta no tener su soñado DNI.
Hace 14 años que su trámite está en la justicia. Mientras tanto, en dos meses nacerá su primer hijo. El tema lo pone feliz, pero también lo angustia. Es que no sólo no podrá darle su apellido. Tampoco figurará como su hijo.
Por eso dice que el día que tenga su identidad será tan feliz como el día en que nazca su hijo. Es que ese día él también volverá a nacer. Como los miles de argentinos que, aunque el Estado no los vea, ahí están.
Comentarios