La medida era dirigida por el titular de la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Especificas, Jorge Ponce, y fue dispuesta por el juez Carlos Aostri, responsable del Juzgado en lo Penal y Contravencional N°19, donde tramita el expediente por estas denuncias.
Se trata del geriátrico de la calle Allende al 2900 que permanece clausurado desde la inspección ordenada por el mismo fiscal por "falta de habilitación" y "una posible violación de clausura", en relación a una medida de cierre que había sido dispuesta a principios de marzo.
"Se está secuestrando documentación en papel y registros digitales de pacientes y de la actividad, atento a que el lugar era totalmente clandestino y no reunía con ninguna medida de seguridad", indicó el fiscal Ponce, respecto al allanamiento del geriátrico en curso durante este mediodía.
En el lugar, una casa particular, se encontraban alojadas en una habitación cuatro personas adultas mayores, una de las cuales presentaba fiebre por arriba de los 38 grados y se desplegó protocolo Covid-19 y fue trasladada al hospital Velez Sarfield, según confirmó el fiscal.
Las otras tres personas, agregó Ponce, afiliadas al PAMI "fueron derivadas al Hospital Español" y descartó la presencia de sintomatología asociada al coronavirus u otra afección.
La inspección del lunes había sido ordenada en virtud de una denuncia, recibida el 22 de abril, que señalaba la posibilidad de que una de las residentes estuviera afectada por coronavirus y que la institución no contaba con la habilitación para funcionar.
La clausura del establecimiento fue ordenada entonces para preservar todos los elementos de prueba que pudieran hallarse en el lugar, como documentación, computadoras, soportes digitales de datos e historias clínicas.
Asimismo, las tareas investigativas llevadas adelante por el fiscal tras la inspección y clausura del lunes, determinaron que el titular del geriátrico en cuestión es dueño también de otra institución similar, ubicada a pocas cuadras de allí, que también registra irregularidades en su funcionamiento, como la habilitación observada y numerosas cuestiones relacionadas a la seguridad edilicia y de los residentes.
En virtud de esto, el fiscal Ponce ordenó realizar también una inspección integral a este otro establecimiento que es realizada en simultáneo con el allanamiento del geriátrico de Allende al 2900, para determinar las condiciones generales del lugar y si incumple con la normativa vigente.
"En ese otro geriátrico hay cinco personas mayores alojadas sin fiebre ni síntomas asociados al coronavirus, pero como el lugar tampoco cumple con las medidas de seguridad, se procederá a su clausura y trasladaremos a las personas", agregó el fiscal.
Las figuras que se investigan en las causas vinculadas de los dos geriátricos son las de violación de clausura, abandono de persona y las diversas irregularidades relacionadas con las medidas de seguridad y la habilitación.
"Los procedimientos realizados y la investigación permitirán aclarar si se cometieron delitos como abandono de persona o violación de clausura, que afecten directa o indirectamente a la salud de los residentes", afirmó el Fiscal General de la ciudad, Juan Bautista Mahiques. (Télam)
