"La gente que no está de acuerdo con la ordenanza no lo va a decir. Hay gente que nos ayuda y que pide que no digamos que está colaborando. Las empresas privadas emplean a pocas personas, acá hay mucha gente que trabaja en relación con el Estado", explicó Horacio Camino, el titular de la Asociación Protectora Canina (APROC).
De esa manera se refirió a la ordenanza 6933/18 sobre "Tenencia Responsable de Mascotas", que fue aprobada por el Concejo Deliberante de Puerto Deseado en octubre pasado.
Según denunciaron los defensores de los derechos de los animales locales, dicha norma prevé la práctica de la eutanasia en animales que no sean adoptados o reinsertados en la comunidad y que se encuentren en poder del Municipio.
El texto habilita su aplicación si se pone "en riesgo la salud pública", cuando al animal se lo considere "una amenaza para las personas y/u otros animales" o cuando "se hubiera realizado todo lo razonablemente posible para buscar poseedor y resultara imposible atenderlos por más tiempo en las instalaciones existentes".
Los repudios a la medida se expresaron a través de marchas en Neuquén, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, entre otros puntos del país. Sin embargo, en la propia ciudad santacruceña no hubo manifestaciones de ese tipo.
COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT! Despierta y DICE NO a la Matanza "legalizada" de perros en Puerto Deseado - Pcia. de Santa Cruz! pic.twitter.com/amMGgNaQq1
— LAHistoriaSinFinfm (@historiasinfinB) 13 de enero de 2019
"Acá te tratan de acallar por todos los medios", denunció Camino, en declaraciones que recoge Clarín.
Y en ese sentido, profundizó: "Nadie dice que matan perros, pero la ordenanza lo habilita. Y no están dejando que veamos a los perros que levantan de la calle".
A partir de sus denuncias, Camino afirmó que recibió una comunicación del intendente Gustavo González. "Pensé que íbamos a hablar sobre el texto, pero me llamó para amenazarme. Me habló muy patotero, me preguntó hasta dónde quiero llegar, como si fuera algo personal. Después se dio cuenta de que el problema no es con él directamente, entonces me dijo que va a denunciarme por difamar a Puerto Deseado", contó.
Horacio, quien trabaja en informática y en paralelo dedica el tiempo que puede a la asociación canina, fue escrachado junto a su esposa, Guadalupe Ferri, cofundadora de APROC en 2009.
A partir de una convocatoria en redes sociales y en WhatsApp, un grupo de personas se dirigió hasta la casa donde vive el matrimonio con su hijo de cinco meses, realizaron un bocinazo y repartieron carteles que instan a declararlos "Personas no gratas" .
"Nos exigen que nos vayamos del pueblo", afirmó Camino, quien añadió que la movilización estuvo "encabezada por trabajadores del Municipio y allegados a la mujer del secretario de Gobierno".
En declaraciones radiales, el intendente se mostró contrario al escrache y llamó a los habitantes locales a que salgan "a hablarles a las otras comunidades" para decirles "que todo esto no es verdad".
Eutanasia y negocio
Desde APROC apunta que la ordenanza además tiene un fin recaudatorio. De acuerdo con Camino, a partir de la entrada en vigencia de la norma, algunos vecinos que extraviaron a sus mascotas fueron a buscarlos a "la perrera", donde les cobraron la estadía y el chipeo antes de devolverles sus animales.
"La aplicación del microchip para registrar al perro y las castraciones las deben pagar los dueños", explicó el titular de la asociación de defensa canina, para luego agregar: "No podés tener más de dos perros. De lo contrario, te cobran una multa".
En opinión de Camino, estos gastos y multas fomentan que los dueños dejen a los animales en la calle. Entonces, los recogen y, si nadie los reclama dentro de las 48 horas, pueden considerarlos vagabundos e ingresarlos en el protocolo que puede llevar a la eutanasia.
Para el defensor de animales, se trata del "regreso a una política del 1800", es decir, la perrera.
Fotos 2 y 3: Clarín
