El escenario para el ejercicio profesional de los arquitectos, y de la construcción en general, en la Ciudad de Buenos Aires es muy desalentador. "Pasaron más de ocho meses desde la puesta en vigencia de los nuevos códigos Urbanístico y de Edificación, y las dificultades para interpretarlos y reglamentarlos por parte del Gobierno porteño no solo persisten, sino que se acrecientan", reclaman desde el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), entidad que cuenta con más de 11.000 matriculados.
Las indefiniciones generadas por el cambio de los códigos provocan que una inversión real y genuina estimada en el orden de los u$s 1.600 millones no se pueda ejecutar.
De las 2.000 encomiendas profesionales de obra registradas en el CPAU -organismo que regula la práctica profesional en CABA y en lugares sujetos a la jurisdicción nacional- durante 2019, la mayoría aún no fue aprobada por las autoridades del Gobierno porteño correspondientes. Así, arquitectos y múltiples actores de la amplia cadena de la construcción se ven fuertemente afectados.
“Venimos alertando sobre la necesidad de ciertos cambios en los códigos nuevos, e insistimos en que debe primar la coherencia entre la aplicación de la norma y las acciones que facilitan y transparentan los procesos administrativos, que ya desde antes eran engorrosos y dificultaban el registro de planos. Desde 2015 a hoy, son innumerables las reuniones que tuvimos con el Gobierno porteño y las notas que elevamos por este tema”, advierte la presidenta del CPAU, Valeria del Puerto, citando la nota enviada al Jefe de Gobierno, y preocupada tanto por que los arquitectos no pueden ejercer su profesión como por la falta de previsibilidad para el desarrollo de la actividad.
“Además, impide la recuperación económica en general de nuestro distrito y desalienta el interés de potenciales inversores, debido a que la incertidumbre generada por las nuevas leyes se impone al interés legítimo de trabajar e invertir en nuestra Ciudad. Es en sí mismo un contrasentido que se soslaye semejante fuente de fondos genuinos que, históricamente, apalancó todas las recuperaciones de nuestro país. Es parte de nuestra idiosincrasia privilegiar la reserva de valor en ladrillos a poner la plata debajo de un colchón”, continúa del Puerto.
“Reclamamos una solución urgente para la aplicación de la normativa. Pero sucede que estos códigos son poco claros, por eso requieren de interpretaciones particulares que generan muchas observaciones a un mismo expediente, los procesos de revisión y aprobación siguen siendo complejos y extensos, y advertimos que los recursos para atender esta grave situación son escasos. En una coyuntura como la actual consideramos necesario integrar un cuadro técnico específico para atender la actual demanda. Estos motivos impiden el registro de nuestras obras a construir”, concluye la Presidenta del CPAU.
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