Este martes 21 de abril comenzará el jury contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles, acusados de mal desempeño y negligencia en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Córdoba. Se espera una instancia marcada por el hermetismo en torno a las declaraciones de los familiares de la víctima.
El proceso se desarrollará en la Legislatura Unicameral de Córdoba desde las 8.30, con el inicio de una serie de audiencias en las que declararán testigos clave. Entre ellos, están previstos los testimonios de Facundo y Valentina, hijos de Dalmasso, y de su viudo, Marcelo Macarrón, quien estuvo imputado en la causa y fue sobreseído en 2022.
En total, se prevé la declaración de 37 testigos entre el 21 y el 27 de abril. Una vez concluida esa etapa, y si no se incorporan nuevas pruebas, el tribunal fijará fecha para los alegatos, tras lo cual se pasará a la deliberación y a la sentencia, que definirá si los fiscales son destituidos o continúan en sus cargos.
El plazo máximo para conocer el veredicto es el 28 de mayo, cuando se cumplan los cuatro meses establecidos por ley para este tipo de procesos.
Desde la acusación sostienen que los fiscales orientaron la investigación hacia la familia de la víctima, sin analizar otras pruebas relevantes, lo que habría contribuido a que la causa prescribiera.
En 2024, a 18 años del crimen, se informó que el ADN hallado en el cinto de la bata de Dalmasso y en su cuerpo corresponde a Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la vivienda al momento del hecho.
La abogada Mariángeles Mussolini, representante de Facundo Macarrón, afirmó que desde un inicio los fiscales apuntaron contra el entorno familiar: “Tenían todas las pruebas para culpar a Bárzola. Contradicciones en sus testimoniales, su presencia en la casa de Nora al momento del hecho, un informe del FBI en 2011, pero de igual modo decidieron no investigar”.
Di Santo estuvo a cargo de la fiscalía entre 2007 y 2015 y durante su gestión ordenó las detenciones de Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”, y del propio Facundo Macarrón. Por su parte, Miralles intervino entre 2016 y 2017, cuando se investigó la hipótesis de un crimen por encargo, mientras que Pizarro, entre 2017 y 2019, sostuvo la sospecha de que Macarrón había viajado desde Punta del Este para cometer el homicidio.
En diciembre de 2025, tras la admisión del jury, el fiscal Pablo Jávega dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio oral de Bárzola por el delito de abuso sexual seguido de muerte.
Jávega aclaró que la decisión aún no está firme y que el Ministerio Público Fiscal debe continuar impulsando la causa mientras se resuelve la revisión judicial.
Fuente: NA.
