El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín aplicó la pena a los uniformados Juan Ángel Rivero y Enrique Gabriel Toledo, a quienes declaró culpables del delito de "exacciones ilegales" y, a la vez, les impuso inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.
Los jueces Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Diego Leif Guardia dispusieron la mitad de la pena máxima prevista por el artículo 266 del Código Penal, que establece de uno a cuatro años de prisión.
El fiscal del juicio, Alberto Gentili, en cambio, había acusado a los gendarmes del delito de "concusión", agravado por el empleo de intimidación, y había pedido una pena mayor, de tres años y seis meses, además de inhabilitación por cinco años, informó el sitio fiscales.gov.ar.
El hecho se produjo el 17 de septiembre de 2013 cuando Rivero y Toledo detuvieron a un micro de turismo, a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana, y le exigieron al conductor y al coordinador del viaje, una suma de dinero, bajo la amenaza de impedirles continuar.
Ambos efectivos llevaban sus cascos colocados y unas bufandas que les cubrían el rostro, a la vez que no exhibían sus insignias identificatorias, ni habían labrado infraccióon alguna ni tenían en su poder documentación relacionada con la legalidad del micro que habían detenido.
Las tareas comunitarias a las que fueron condenados Rivero y Toledo serán "en una institución a determinar" y ocuparán "seis horas mensuales" durante los dos años de la condena. (DyN)
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