La Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, a través de su presidente, el Dr. José Lucas Magioncalda, presentó este lunes una denuncia penal contra la ministra de Educación e Innovación de la Ciudad, María Soledad Acuña, por los delitos de desobediencia y de incumplimiento de deberes de funcionario público por no hacer cumplir la Ley 2.448 de "vidrios seguros" en el ámbito de los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicha norma fue sancionada por la Legislatura porteña hace 12 años a partir del accidente fatal del que fuera víctima la nieta del ex presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín.
En la presentación, el Dr. Magioncalda sostuvo que “lejos de proceder con un plan integral para el recambio de vidrios inadecuados, en un plazo razonable, la Sra. Ministra implementó –según lo ha admitido el propio GCBA en un amparo- un sistema de mantenimiento que abarca a 590 escuelas (denominado MOMA: Mantenimiento de Obra menor ampliada) que tiene previsto entre sus rutinas diarias la reposición inmediata de todo vidrio roto o en mal estado, por vidrios ajustados a la normativa vigente”. Y agregó: “Contrariamente al objetivo preventivo de la ley, que fijó un plazo para el recambio de todos los vidrios de los establecimientos escolares, vencido a fines de 2012, el GCBA se dedica a esperar que los accidentes ocurran. Espera que los vidrios se rompan o se encuentren en mal estado, poniendo en riesgo a los niños que asisten a las escuelas”.
“Más que ante un plan de mantenimiento, estamos frente a un plan criminal”, concluyó Magioncalda.
La Ley 2.448 estableció en 2007 un plazo de cinco años para adecuar la totalidad de las escuelas, dotándolas de vidrios que no se astillan al romperse, similares a los que poseen los automóviles.
La norma fue votada, en aquel entonces, por quienes eran oposición y actualmente gobiernan la Ciudad de Buenos Aires.
Por esta razón, a fines de 2015, Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional inició un amparo colectivo, tendiente a obligar al Gobierno porteño a cumplir con la normativa.
Mañana presentaremos desde @ciudadanoslib una denuncia penal contra una altísima funcionaria de la Ciudad. Otra sombra más sobre la #RemeraDeLarreta pic.twitter.com/yCSTiPmi1G
— José Magioncalda (@magioncalda) 31 de marzo de 2019
La sentencia de primera instancia fue favorable a la pretensión de la ONG amparista, y la Ciudad apeló a la Cámara sin éxito, dado que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia y denegó un recurso de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial porteña, el Tribunal Superior de Justicia.
No obstante que el fallo es exigible, la Ciudad no cumplió dentro del plazo de 30 días fijado por el Juez, con la primera etapa del cronograma establecido en la sentencia, consistente en la presentación al Juzgado de un relevamiento de todos los establecimientos educativos de gestión pública que contenga una evaluación individual de cada uno de ellos respecto al grado de adecuación a los parámetros establecidos en la ley 2448.
Actualmente, tramita un recurso de queja presentado por el Gobierno ante el máximo tribunal porteño, que a la fecha no tiene efectos suspensivos en relación al proceso.
La denuncia de la ONG fue presentada este lunes en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde serán sorteados el Juez y el Fiscal intervinientes.
