Un grupo de curas santiagueños a través de la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunció un violento episodio ocurrido en la localidad de Suncho Pampa, departamento Pellegrini, ubicado al noroeste de la provincia de Santiago del Estero.
La denuncia fue difundida por el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook y también en misa: el campesino Héctor Reyes Corvalán "sufrió un violento ataque con balas de goma y quemaduras en gran parte de su cuerpo por parte de un empresario que hace tiempo viene avasallando la dignidad y derechos de las familias campesinas que ancestralmente son dueñas de sus tierras".
En el comunicado precisaron que tanto Corvalán como su esposa son integrantes de la Mesa Parroquial de Tierra de Nueva Esperanza, creada en julio de 2013.
La Mesa Provincial de Tierra–Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), por su parte, relató en un comunicado que "diez policías junto al oficial de Justicia Dr. Luis Rodolfo Scillia y el empresario cordobés Néstor Quesada con dos camionetas con personas a su cargo, ingresaron de manera violenta al lugar donde se encontraba Héctor Reyes Corvalán, poseedor del lote, para ejecutar un desalojo ordenado por la Dra. María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil de Tercera Nominación, magistrada que en reiteradas oportunidades emitió órdenes judiciales en contra de los derechos campesinos e indígenas de las familias y sus territorios".
"Durante este desalojo se realizaron múltiples destrozos y se efectuaron amenazas", denuncian.
"Héctor Reyes Corvalán resultó con quemaduras en todo su cuerpo y heridas de bala de goma. Fue trasladado de manera urgente a la vecina provincia de Tucumán, con diagnóstico grave, y se encuentra alojado en terapia intensiva", informan desde MOCASE.
"Exigimos a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo, que garantice a la familia Corvalán y a toda la sociedad santiagueña el derecho a la verdad que nos hace libres, contra la impunidad que daña nuestra democracia", reclama el texto de La Pastoral Social.
El conflicto por este territorio -que abarca 270 hectáreas- data de agosto del 2012. "Durante todos estos años Quesada y personas a su cargo realizaron amenazas de muerte con armas de fuego, daño en el campo, incendio de cercos, matanzas de animales, todas situaciones que fueron denunciadas", agrega el MOCASE.
Según el MOCASE, la violencia estructural viene dada porque casi el 75 por ciento de tierras cultivables se concentra en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, lo que pone en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas.
Foto: Captura de video
