Dos nuevos DNU de Macri: frenan la aplicación del Código procesal penal y transfieren escuchas a la Corte

Respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal penal, que debía entrar en vigencia el próximo 1 de marzo, se dispuso la suspensión por considerar que "en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia".

El decreto 257/2015 publicado en el Boletín Oficial establece que el nuevo Código "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo" de dicha norma, que está bajo la órbita del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".

La norma modifica el cronograma establecido por la Ley 27.150, aprobada el 10 de junio pasado, que indicaba que el nuevo Código entraría en vigencia en la Justicia Nacional el primer día de marzo de 2016.

El DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un "mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación".

Por el segundo DNU publicado este martes, el Gobierno nacional oficializa el traspaso de las escuchas judiciales a la Corte Suprema.

El artículo 4 del decreto indica que la Corte "dictará el reglamento de funcionamiento del Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (DICOM)", que estará a cargo "de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".

Según los considerandos, el Ministerio Público Fiscal es "una parte principal" que "persigue un interés determinado" por lo que "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación".

Las escuchas dependían históricamente de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, más conocida como "Ojota", pero con la reforma de la central de espías, el control de esas grabaciones quedó en manos de una repartición de la Procuración: el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, ex funcionaria de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré.