El Papa dispuso apartar del cargo de superiora a la monja de Nogoyá acusada de maltratar a religiosas

Fuentes eclesiásticas confirmaron hoy a DyN que el Vaticano notificó formalmente al arzobispo de Paraná, monseñor Juan Puiggari, que el pontífice ordenó que Toledo abandone el cargo de superiora de la casa religiosa de Entre Ríos, informa la agencia DyN.

Las mismas fuentes dijeron que la medida se adoptó a raíz de que el fiscal Federico Uriburu imputó a Toledo por el delito de privación ilegítima de la libertad de monjas de esa congregación y tras constatarse el manejo "autoritario" de la disciplina interna del convento por parte de la religiosa.

"Toledo había recibido reiterados llamados de atención del obispo para que morigerara la disciplina de acuerdo a las reglas de la orden", sostuvo un vocero eclesiástico en declaraciones a DyN.

En septiembre, Toledo había sido desplazada de su cargo en el convento en el marco de las medidas judiciales adoptadas "para garantizar la transparencia" de la investigación.

La orden religiosa dispuso, por su parte, el traslado de Toledo al convento que las Carmelitas Descalzas tienen en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco.

En tanto, el fiscal Uriburu avanzó en la investigación, indagó a Toledo y tomó declaración testimonial a ex monjas del convento que confirmaron que eran sometidas a "tortura psicológica, castigo físico, encierro y duras reprimendas por parte de la madre superiora".

El 25 de agosto Uriburu estuvo al frente del allanamiento al convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, y tras el procedimiento dijo que en el lugar se encontraron "elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios".

El allanamiento al convento se realizó por orden del juez de Garantías Gustavo Acosta, tras una denuncia sobre privación ilegítima de la libertad agravada, castigos intramuros, desnutrición, autoflagelación y el uso del látigo, cilicio y mordazas, entre otros elementos.

El fiscal dijo entonces que la madre superiora se resistió al operativo, por lo que funcionarios judiciales y policías debieron forzar la puerta de ingreso al convento.

El modo en que se realizó el procedimiento judicial en el convento de Nogoyá fue cuestionado en un comunicado por la Conferencia Episcopal Argentina, que reclamó respeto por "la libertad religiosa".