Las cámaras empresarias de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se reunirán este jueves con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, comandada por Mariano Plencovich, tras haberse declarado en “estado de emergencia”.
Por el momento, el sector continúa “sin recibir definiciones concretas”, tanto por parte del Gobierno Nacional como el de la Provincia de Buenos Aires, sobre “cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil” y del resto de los costos operativos.
Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó a la agencia NA que este encuentro “ya estaba convocado antes" de que Fernando Herrmann abandonara su puesto para comandar la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, tras la renuncia de Carlos Frugoni.
“Hasta el momento, no recibimos ningún cambio, más allá de que oficialmente ayer, a última hora, se conoció el decreto de nombramiento de Plenkovich. Desconocemos quienes estarán presentes, nunca nos anticipan quienes van a participar. Las que sí van a estar son todas las cámaras convocadas”, informó.
En la misma línea, señalaron que, si bien el ente convocante es la propia Secretaría de Transporte, no necesariamente implica la presencia del titular de la cartera; en reuniones anteriores los encuentros han sido llevados a cabo por otras autoridades.
“Esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, (a la fecha se adeudan más de 128 .000 millones de pesos) como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo”, manifestaron todas las cámaras firmantes del comunicado emitido ayer.
Respecto a la reunión del jueves, expresaron que “esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables” acerca de los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad.
“Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. De no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación”, concluyeron.
