Autoridades del municipio de Morón señalaron que la inédita medida apunta a prevenir nuevas intimidaciones y solventar los costos de los operativos anti-explosivos desplegados por el municipio, que el año pasado superaron los costos de medio millón de pesos.
La medida de castigo para el joven que realizó las amenazas fue tomada por la jueza Graciela Angriman en la sede del Juzgado en lo Correccional Nº5, bajo el marco de una causa cuya carátula es “Intimidación pública reiterada en tres oportunidades”.
La magistrada suspendió el proceso a prueba que recaía sobre el imputado, bajo la condición de que este abone 60 mil pesos en concepto de perjuicios, realice labores comunitarias en un club de barrio y otorgue al Estado un teléfono móvil y una laptop importadas.
El autor de las falsas intimidaciones deberá ponerse además a disposición de las autoridades de las escuelas afectadas por su accionar. Allí le podrán solicitar que realice cualquier tipo de tarea que las instituciones necesiten, “en función de los hechos perpetrados”.
Si el joven realiza todas las tareas asignadas y no comete un nuevo delito, podrá beneficiarse con la extinción de la acción penal. En caso contrario, será llevado a juicio.
Leer también:
- Imputan a joven que se jactaba de realizar amenazas a escuelas: "A pura bomba"
- Detuvieron a joven por una falsa amenaza de bomba a un colegio
