La medida se comunicó a través del decreto 309/2018, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Germán Garavano (Justicia) y Oscar Aguad (Defensa).
De acuerdo con el reglamento que figura en el anexo del decreto, podrán solicitar la asignación "quienes hubieren iniciado demanda judicial con anterioridad a su fecha de entrada en vigencia, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos (…) y no hubieren obtenido resarcimiento cuantitativamente equivalente o superior al que por aplicación de esa Ley le correspondería percibir". "La legitimación activa aquí prevista, debe considerarse extensible a sus herederos", señala la norma.
En esa línea, el Gobierno indicó que no se considerará causa vigente "a todos aquellos procesos judiciales en los que la instancia judicial hubiere sido declarada caduca o perimida por parte de los magistrados intervinientes y esa decisión se encontrare firme y consentida".
El texto establece una remuneración base, equivalente al salario mensual de los agentes Nivel A Grado 0 del convenio colectivo del personal del Sinep y reconoce varios tipos de indemnizaciones:
- Lesiones gravísimas y lesiones graves. Sólo podrá ser pretendida por quienes las hubieran reclamado en su demanda judicial.
- Daños inmateriales. Será equivalente a la remuneración base, reducida en un 96 por ciento.
- Daño material. Alcanzará hasta un importe máximo equivalente a la remuneración base, reducida en un 97 por ciento.
La norma expresa que los herederos deberán unificar representación a través de medio idóneo a fin de la obtención del certificado judicial en forma indivisa y universal.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que el mismo mes en que se produjeron las explosiones ya se había dispuesto el otorgamiento de una compensación a los damnificados a través de dos resoluciones.
Además, en 1997 la administración nacional firmó un nuevo decreto, orientado a quienes "requerían una consideración especial porque no habían sido contemplados expresamente por los anteriores o bien porque los daños constatados superaban los topes fijados por ellos".
Sin embargo, esa serie de normas resultaron "insuficientes a fin de brindar una adecuada respuesta institucional e integral a todos los damnificados por tan dolorosos acontecimientos", expresó la Casa Rosada.
Fuente: NA
