A través de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, el presidente Javier Milei ha ingresado un recurso extraordinario con efecto suspensivo contra la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, de fecha 6 de abril de 2026, sobre la ley de emergencia en discapacidad.
En los fundamentos se plantea que el cumplimiento demandaría 3 billones de pesos (0,35% del PBI), lo que provocaría un desequilibrio fiscal que pondría en crisis la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social. Expresa que se vería obligado a paralizar funciones estatales básicas y pone como ejemplo que eso llevaría a desfinanciar el patrullaje de las fuerzas federales, la provisión de alimentos en cárceles, programas de salud pública como el PACBI —dirigido a personas que padecen patologías de alto costo y baja incidencia, que necesitan medicamentos y tratamientos costosos—, y el suministro de medicamentos.
De esta manera, “el Ejecutivo le dice a la Corte que invertir en este sector implicaría sacar a otros; o sea, habría que desnudar a unos para vestir a otros. Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”, explican desde el Foro Permanente de Discapacidad.
“La Procuraduría ha sido astuta al buscar enfrentar a la población argentina: menos seguridad, menos medicamentos, menos atención, menos alimentación para algunos, a costa del bien de otros, de las personas con discapacidad”, afirma el padre Pablo Molero, coordinador del Foro que agrupa a las organizaciones del sector.
“Este gobierno ha preferido suspender la ley de emergencia en discapacidad, votada por los representantes del pueblo, en vez de buscar qué ámbitos podrían ser tocados sin quitar necesidades básicas”, denuncian desde el Foro.
“En vez de unirnos en la búsqueda de la comunión que nos permita construir el bien de todos, nos lleva a la desunión, a la lucha entre hermanos”, agregan.
La unión de organizaciones solicitó este lunes a la Corte Suprema mediante un categórico comunicado que “este recurso extraordinario no siga adelante, porque darle continuidad sería dejar sin atención a las personas con discapacidad y, a su vez, permitir que se imponga el planteo del Gobierno de que no queda otra salida más que quitar a unos lo básico para que otros tengan una mejor vida”.
“No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan. Mientras nos quieren llevar por este camino, hay varios que siguen nadando en la riqueza, con negocios que producen de manera exorbitante. Les rogamos que hagan ver a este gobierno que existen alternativas para dar respuesta a esta situación sin afectar derechos básicos”, concluyó Molero.
