La Iglesia Católica deberá resarcir con $14 millones a una víctima de abusos en el Instituto Próvolo

La jueza María Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociado Número 4 de Mendoza, dictó la primera sentencia civil referida a los abusos en el Instituto Próvolo para niños hipoacúsicos y dispuso que la Iglesia Católica deberá pagar un millonario resarcimiento económico para una de las víctimas. Mientras tanto, continúa el juicio a 9 mujeres acusadas también de abusos sexuales.

De acuerdo al fallo judicial, la Iglesia Católica deberá resarcir económicamente a un interno de esa institución con $14,4 millones, a través de la obra San José, una asociación a cargo del propio Próvolo.

La novedad judicial se conoce a cinco años del inicio de la causa judicial, que en noviembre de 2019 derivó en la condena de los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el primero a 45 años de prisión y el segundo a 42. A ambos se los juzgó por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el ámbito del Próvolo.

En tanto, un jardinero de la misma institución, Armando Gómez, fue condenado a 18 años de prisión.

Luego de ese fallo, los familiares de las víctimas hicieron diversas manifestaciones y reclamos en el Poder Judicial de Mendoza a efectos de denunciar la injerencia de la Iglesia Católica en todo el proceso junto con el presunto abandono por parte del Estado.

En ese contexto, se conoció la sentencia mencionada. El fallo fue dictado en noviembre por Sánchez,y los abogados de la Iglesia Católica lo apelaron.

"Es un fallo que marca un hito en la historia de la Justicia mendocina, no sólo por ser el primero en este tipo de delitos aberrantes, sino también porque se aplican normas de derecho constitucional, con absoluta perspectiva de derechos humanos, de discapacidad; se analizan las distintas situaciones particulares del caso y se le da preponderancia al valor de la justicia, porque en definitiva lo que se logró con este fallo es hacer justicia", dijeron a la prensa los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes representan a un grupo de víctimas y decidieron hacer pública la resolución judicial.