Uno de los puntos de la flamante ley sostiene que el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “debe arbitrar los medios para elaborar políticas de prevención, garantizando el diseño y difusión de las campañas destinadas a la comunidad educativa orientadas a la prevención del acoso cibernético”.
También dispone que “se contará con profesionales especializados en la problemática” para asesorar a las instituciones educativas, por lo que habrá capacitación gratuita para docentes y directivos y se debe impulsar la realización de jornadas, talleres, conferencias, mesas redondas, charlas y otras actividades que se consideren pertinentes.