Se esperan anuncios del gobierno sobre el pago de las facturas de gas

Además, los abogados que representan al Estado apelarán ante ese tribunal de segunda instancia el pronunciamiento contrario que recibió la suba de tarifas del gas, con el objetivo de llegar con la “queja” en el menor tiempo posible ante la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Fuentes tribunalicias deslizaron que los integrantes de la Corte tendrían en carpeta comenzar a analizar el martes tres pedidos de "per saltum" presentados por el Estado nacional sobre temas relacionados con el aumento de tarifas, aunque la decisión final en torno al tema recién se conocería en agosto próximo, tras el receso judicial de invierno que comienza la próxima semana.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó que entre este lunes y martes el gobierno comunicará "los pasos que deben seguir los usuarios en relación a este fallo. Ahora, el tema está en la Justicia y deberá resolverlo con independencia, ya que sobre esa base queremos construir la República".

"Lo importante es que en este tema, la Justicia actúe de forma independiente", agregó el jefe de ministros.

El jueves a la noche, luego analizar en detalle el fallo tomado por la Sala II de la Cámara Federal platense, la cartera que conduce Juan José Aranguren ratificó que iba a dar “los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados".

El tribunal falló en contra de la suba de las tarifas de gas a nivel nacional al ordenar retrotraer la situación a la fecha previa a puesta en práctica de esas medidas, que entró en vigencia el 1 de abril pasado.

Los camaristas consideraron que mas allá del argumento esgrimido por el Estado nacional en torno a que es posible el ajuste tarifario sin que se hayan realizado audiencia públicas, “corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad”.

Explicaron que “es preciso destacar el alcance de la decisión sobre los usuarios y ponderar si estamos ante una situación que más allá de la transitoriedad puede definirse como de bajo impacto o si implica una modificación sustancial de la posición de los usuarios, que ocasiona una afectación difícil o imposible de revertir con posterioridad”.