Elena Makarova, señalada como presunta víctima en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”, denunció haber vivido “un horror” durante su paso por el Hospital Ramón Carrillo y cuestionó tanto al personal de salud como a efectivos de la Policía Federal Argentina. Aseguró que la experiencia aún la afecta emocionalmente y que se le “aparece en pesadillas”.
Según relató, permaneció “en cautiverio” durante tres meses tras el nacimiento de su hijo. En ese período, dijo haber sufrido malos tratos por parte de un médico y, especialmente, de una enfermera. La joven había llegado a la Argentina embarazada tras huir de Rusia, donde —según afirmó— mantenía una relación violenta con el padre del bebé.
“No tenía agua, no tenía una alimentación adecuada, no me permitían salir con mi bebé a tomar aire fresco, a jugar, a ver el sol. Los primeros tres meses de vida de mi hijo transcurrieron en cautiverio”, expresó en declaraciones al programa "Tiempo de Policiales". Y agregó: "El horror que soporté durante esos tres meses todavía se me aparece en pesadillas. No entendía cómo cuidar a mi hijo ni qué hacer”.
En ese sentido, también cuestionó el accionar judicial: "Considero que la fiscalía actuó de manera injusta con todos nosotros y especialmente conmigo. No entiendo por qué tuvimos que pasar por todo esto". Y planteó: "¿Por qué una mujer que acababa de convertirse en madre y un bebé recién nacido tuvieron que enfrentar algo así? Lo que pasó durante esos tres meses fue lo más horrible que podía haber sucedido”.
Makarova apuntó particularmente contra la enfermera Jessie Cortez Alvarado, a quien acusó de insistir reiteradamente con la presencia del padre del bebé durante el parto, pese a que ella había escapado de una situación de violencia de género. También denunció que intentaron inducirle el parto sin su consentimiento: "Yo me negué porque quería un parto natural (...) cuando vi que intentaron introducirme algo me puse nerviosa, me asusté".
Asimismo, afirmó haber sido víctima de “violencia obstétrica, privación de libertad y decisiones médicas sin consentimiento”, y sostuvo que durante su estadía en Bariloche le retiraron el teléfono y la documentación, la separaron de sus acompañantes y la trasladaron a un refugio donde quedó incomunicada.
También cuestionó al jefe de Neonatología, Emiliano Bringas, a quien vinculó con la denuncia inicial por una presunta red de trata, y al médico Martín Caruso, quien intervino en una discusión vinculada a la inscripción del apellido del niño.
Por otro lado, Makarova negó cualquier vínculo con los ciudadanos rusos detenidos en la causa. “Yo no soy víctima de los ciudadanos rusos que fueron detenidos en la Argentina en aquel momento. No los conozco, nunca los he visto y no tengo la menor idea de cómo podría ser su víctima”, afirmó.
En esa línea, aseguró que no conocía a Konstantin Rudnev, señalado como presunto líder de la organización: “No lo conocía, ni personalmente ni de ninguna otra manera. Nunca me encontré con él ni en Argentina, ni en Rusia, ni en ningún otro lugar”.
Respecto a su llegada al país, explicó que respondió a una situación personal compleja: “Fui a la Argentina para descansar, pero en realidad mi propósito inicial era algo más complejo. En Rusia tenía una relación difícil, tóxica, y eso me hacía preocuparme mucho por mi bebé”.
Sobre su vida en Bariloche antes del parto, la describió en términos positivos: “Mi vida cotidiana en Bariloche era simplemente maravillosa. No tenía ninguna restricción de movimiento, era libre en mis acciones y decisiones”. Y añadió: “Fue el mejor momento de mi vida”.
Sin embargo, indicó que todo cambió tras el nacimiento de su hijo: “Yo no entendía lo que estaba pasando. Acababa de dar a luz, estaba con mi bebé y de repente aparecieron policías y fiscales que empezaron a hacerme preguntas”.
Por último, expresó: "No entiendo por qué lo que tenía que haber sido el mejor día de mi vida se convirtió en un infierno, en sufrimiento, miedo e incomprensión de la situación".
En paralelo, la Justicia federal resolvió extender por un año la investigación y la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, acusado de liderar la presunta organización. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Gustavo Zapata, tras un pedido de la fiscalía que argumentó la complejidad del caso y la necesidad de continuar con medidas de prueba.
La investigación está a cargo del fiscal general Oscar Fernando Arrigo, junto a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Rivora y Rodrigo Treviranus. La prórroga establece que el acusado permanecerá detenido, al menos, hasta el 3 de abril de 2027.
Fuente: NA.
