Una empresa deberá pagar el tratamiento oncológico a una mujer que despidió

La Cámara de Trabajo de Mendoza obligó a un grupo empresario provincial a pagarle el tratamiento oncológico a una ex empleada que fue despedida luego que le diagnosticaran cáncer.

La abogada de la víctima se amparó en la nueva Ley de Violencia de Género expresando que a su cliente "la contrataron por linda, que es discriminación positiva" pero la terminaron despidiendo 'por dejar de serlo, que es discriminación negativa'.

Gisela Ferrero, de 39 años, trabajaba como analista de sistemas en empresas del Grupo Martin desde el año 2011. Según la abogada, la mujer fue contratada, en parte, gracias a sus rasgos físicos ya que "una mujer linda tiene más posibilidades que una que no lo es", lo que le permitió conseguir además varios ascensos.

En el año 2013, al igual que como sucedió años antes con su hermana y su madre, a Ferrero se le diagnosticó "carcinoma ductal invasor" por lo que la mujer se debió operar primero de un pecho y luego finalmente comenzar con el tratamiento de quimioterapia cada 21 días.

Pese a tener que pasar por esta situación, la mujer decidió continuar con su empleo, aunque admite que era difícil ya que a sus empleadores no les agradaba su nuevo aspecto, consecuencia lógica de la enfermedad y del invasivo tratamiento al cual se sometía.

"Por más que ellos sabían de mi tratamiento y de lo grave de mi enfermedad. Les molestaba que pasara por el salón de ventas cuando iba a buscar mi auto a la salida del trabajo", cuenta la mujer en su declaración judicial, según publicó el diario mendocino Los Andes.

Finalmente en enero del año pasado y amparados por el artículo 245 de la ley 20.744, la empresa decidió despedirla, ya que para esa altura Ferrero había dejado de tener la licencia por enfermedad por lo que el despido resultó "legal".

Al perder su empleo, la mujer perdió paralelamente su cobertura médica, lo que la obligó a hacer frente al tratamiento oncológico a través de sus ahorros y de la indemnización que recibió por parte de la empresa.

Luego de hablar con varios profesionales, Ferrero se contactó con la abogada Carolina Jacky, especialista en los asuntos de género, que al ver que el despido fue completamente legal, por lo que cualquier demanda laboral fracasaría, decidió encarar la causa amparándose en la nueva Ley de Violencia de Género, apelando a que hubo esta violencia del tipo laboral.