Colombia: Una red de policías traficaba mujeres desde Medellín hasta Europa

Un operativo de rescate y una alerta de la Policía Judicial de Francia fueron claves para que las autoridades colombianas condenaran a 84 meses de prisión a Carlos Augusto Fernández Raigosa (40 años), un expolicía implicado en una red de trata de mujeres. Fernández, quien reconoció su culpabilidad, logró reducir su condena a la mitad. En el expediente consta que varios policías del comando de Policía del Valle de Aburrá en Medellín utilizaron su poder para captar víctimas.

En agosto de 2022, una mujer desempleada, Alejandra (nombre cambiado para proteger su identidad), llegó a esa estación buscando vender rifas para subsistir. Según relató a las autoridades, allí le ofrecieron trabajar como modelo webcam en Francia, con pagos de mil euros semanales. La primera oferta vino de Fernández, quien tenía el grado de intendente y se retiró de la institución meses después. La Fiscalía identificó a dos cómplices: Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, este último también policía.

Fernández, quien coordinaba las actividades de la estructura criminal, no solo captaba a las mujeres, sino que exigía fotos en ropa interior para ver si cumplían con los perfiles. También se encargaba de su traslado a Europa. En septiembre de 2022, él mismo llevó a Alejandra al aeropuerto internacional de Rionegro en el auto de su esposa, dándole instrucciones y advirtiéndole que no podía arrepentirse.

Aunque el compromiso verbal era que podían desvincularse de la organización devolviendo el dinero de los pasajes aéreos, al llegar a Europa, las fotos de las mujeres eran publicadas sin su consentimiento en páginas de prostitución. Los proxenetas las encerraban y les confiscaban el pasaporte para evitar que escaparan.

El enlace en Francia era Georges Kalliterakis, conocido como “León”, quien las recibía en los aeropuertos y las llevaba a los lugares donde serían retenidas. Gracias a conversaciones vía WhatsApp, la Fiscalía colombiana determinó que las mujeres sufrían maltratos y abusos sexuales.

El abogado de Fernández, Juan Mario Tobón, afirmó que su cliente fue condenado “apenas por un caso” de trata y que su rol era menor al que la Fiscalía describió. Según Tobón, los policías recibían una comisión de 478 dólares por cada víctima que lograban captar.

El abogado argumenta que la judicialización de los tres hombres de Medellín no fue un golpe significativo a la organización delictiva. Kalliterakis fue capturado en marzo de 2023. Una víctima colombiana relató que le pagaban apenas 10 euros diarios, y calculaba que los proxenetas ganaban entre 5.000 y 6.000 euros semanales.

Fernández intentó negociar con la Fiscalía ofreciendo información sobre sitios de explotación sexual en Colombia y nombres de otros implicados, pero la propuesta fue desestimada.

Un informe de la Procuraduría señala que, para 2023, había 51 investigaciones por presunta complicidad de funcionarios en redes de trata. La Fiscalía había recibido 22 solicitudes internacionales para investigar ese delito y había solicitado apoyo judicial a varios países por el mismo crimen. En 2023, se abrieron 47 alertas criminales gracias a la cooperación con gobiernos extranjeros.

El caso de los tres expolicías se suma a otros similares dentro de la institución. En noviembre pasado, un oficial en Cartagena fue capturado por supuestamente servir como informante para una organización de trata mientras lideraba una investigación por ese delito. En 2022, se reportaron 1.273 posibles víctimas de trata, la mitad por explotación sexual.