Condedan a la Comunidad de Madrid por racismo en la escuela

Con una sentencia pionera en España, el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid falló en favor de una nena española afrodescendiente, que sufrió a lo largo de varios años, en el centro educativo Cardenal Herrera Oria de Madrid bullying y discriminación racial.

El fallo consideró que la institución educativa -además de mostrar pasividad ante el problema, y no implementar a tiempo, adecuada y eficazmente, los protocolos vigentes-, intentó relativizar el problema reduciéndolo a un “mero problema entre niños”, e influyendo sobre las máximas autoridades de la CAM, desestimando los daños y graves impactos a la salud, la socialización y el rendimiento educativo de la escolar afectada y su familia, así como los impactos económicos producidos.

La extitular de la CAM, Cristina Cifuentes, escribió a la madre de la niña una carta reconociendo negligencias en el proceso por parte del centro educativo.

Los padres de la menor, Petra Ferreyra y Leonardy Pérez demandaron judicialmente a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a través del Procedimiento Abreviado 162/2019. Contaron con la dirección letrada del abogado Pedro Manuel González, y lograron esta semana, un fallo favorable del Juzgado - que además de acabar con la traumática experiencia familiar y el calvario de la niña-, estos padres esperan “sea una sentencia ejemplificadora” para el sistema educativo español -marcando “un antes y un después”-, en la lucha contra la discriminación racial y la violencia que hoy sufren numerosos niños en sus colegios.

La sentencia considera probado tanto que la menor, Camila, sufre “ansiedad, miedo, baja autoestima, pesadillas, problemas sociales, desconfianza… “como consecuencia de las situaciones vividas en el colegio, como que ha existido un “funcionamiento anormal del servicio público, causante de un daño al perjudicado que no tiene el deber jurídico de soportar”. Así condena a la administración a indemnizar a la parte afectada con 7.500 euros.

“Estamos muy contentas y satisfechas porque conseguir el reconocimiento era lo primero para nosotras; también para la recuperación de Camila es indispensable”, aseguró Petra Ferreyra, la madre.

“Se ha hecho justicia, se ha reconocido tanto el acoso escolar racista como que no tomaron las medidas necesarias. La falta de acción ha quedado en relieve”, concluyó.

Camila, quien llevaba soportando insultos como “negra de mierda” o “hueles mal” desde los tres años, sufrió la “indefensión” de las instituciones, tras dos protocolos de acoso que no consiguieron frenar la situación y que se realizaron con constatadas deficiencias que hoy reconoce la justicia. La menor, que finalmente ha tenido que abandonar el centro, pasó graves episodios de ansiedad que acabaron con un diagnóstico de estrés postraumático. Su madre relata como en el colegio pasaron de los insultos a rodearla en los recreos, “tirarla balones en la tripa en clase de Educación Física” o “correr para chocarse con ella”.

La sentencia, ante la que no cabe recurso, es contundente en sus conclusiones. En ella se afirma que “ni la dirección del centro ni siquiera el profesorado, indagó sobre lo que realmente estaba sucediendo, tratando de relativizar el problema a cosas de niños, calificados, en el acto de la vista, como ‘hechos puntuales normales dentro del colegio’”.

La sentencia expone también que la propia inspección educativa puso en duda la actuación del centro al reconocer el incumplimiento de los pasos que establece la guía de acoso de Madrid para activar los protocolos contra el bullying. La inspección educativa afirma que no se dio traslado de la apertura del protocolo, tampoco hay constancia de las entrevistas a las familias y no se hizo seguimiento de las medidas tomadas. “Ni siquiera se tomó declaración a la menor afectada”, destaca la sentencia.

Utilizando la causa de Camila, pionera en llegar hasta la justicia, madres con hijas e hijos afrodescendientes han puesto en marcha la campaña “#SuspensoAlRacismo” para denunciar el trato discriminatorio dentro de las aulas que muchas veces queda camuflado como “cosas de niños”.

La campaña, que cuenta con el impulso de la asociación de madres antirracistas UKUAJI, ha conseguido recabar y difundir más testimonios de niñas y niños quienes denuncian que se enfrentan al racismo en ausencia de protocolos específicos.