Francia impone por decreto la reforma laboral y las protestas recrudecen

Valls anunció ayer en la Asamblea Nacional que recurre al artículo 49.3 de la Constitución, que permite suspender el trámite parlamentario de una ley y aprobarla por decreto. El Gobierno francés ya utilizó esta medida constitucional, el artículo 49.3, para hacer adoptar por la Cámara Baja en primera lectura esta reforma laboral.

A menos de un año de las elecciones presidenciales, la decisión de imponer la reforma sin apoyo parlamentario es una apuesta política para el presidente François Hollande y un gobierno que fue blanco de la creciente violencia de la izquierda.

Miles de personas marcharon en París y otras ciudades bajo un fuerte operativo policial, en la que los sindicatos dijeron que será la última de una serie de manifestaciones antes de una pausa durante el período de vacaciones de verano.

El Poder Ejecutivo explica que con esta reforma quiere combatir un desempleo endémico -superior al 10%- facilitando los contratos en un mercado laboral más flexible. Los detractores, por su parte, creen que solo aumentará la precariedad laboral.

Este proyecto de reforma laboral provocó cuatro meses de protestas en Francia, con huelgas en varios sectores, y varias jornadas de movilización social, la última de las cuales fue convocada para el último martes.

Las estimaciones sobre la participación en las protestas de ayer fueron variadas -45.000 personas, según el sindicato CGT, pero no más de 7.500, según la policía-, aunque fue más baja que en movilizaciones anteriores.

Políticos de la derecha abandonaron la Asamblea Nacional y los rebeldes dentro de su propio partido observaron cómo el primer ministro Manuel Valls anunciaba que usaría poderes constitucionales para evitar a la Cámara Baja del Parlamento durante una segunda revisión de la reforma.

"Mi gobierno está decidido a avanzar, porque no se puede permitir que las tácticas de algunos (...) bloqueen al país", dijo Valls en una crítica a los detractores socialistas que se negaron a votar en favor de la ley.

Lo que está en discusión son las reformas diseñadas para reducir la tasa de desempleo de 10% al facilitar las contrataciones y los despidos. También haría más fácil que las empresas establezcan pagos y condiciones laborales de acuerdo a sus necesidades específicas.