El gobierno de la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el miércoles el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela y de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Este anuncio se produce casi un mes después de que el país sudamericano reanudara relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras una interrupción de siete años.
En un comunicado difundido por la estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez destacó que "esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad".
El comunicado también señala que "Venezuela demostró a lo largo de los años solvencia" y cumplió "con todas sus obligaciones internacionales", aunque se vio impedida de hacerlo desde 2017 debido a sanciones financieras. Las sanciones han prohibido transacciones en bonos emitidos por el gobierno y por PDVSA, restringiendo significativamente las fuentes de financiamiento del país.
La deuda externa de Venezuela, que incluye los compromisos de PDVSA, se estima en unos 170.000 millones de dólares, según cifras de la organización civil Transparencia Venezuela. Este anuncio de reestructuración se produce tras el restablecimiento de relaciones entre el FMI y el Banco Mundial con Venezuela, que habían estado suspendidas desde 2019 debido a la falta de reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro.
La situación política en Venezuela ha sido complicada desde que el líder opositor Juan Guaidó se declaró presidente interino en 2019, siendo reconocido por varios países como el legítimo gobernante. La legitimidad de Maduro ha sido cuestionada tras elecciones polémicas, y recientemente, tras la captura de él y su esposa en una operación militar estadounidense, las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas se han reanudado.
Rodríguez enfatizó que por demasiado tiempo el país ha sido privado del acceso normal a financiamiento, lo que ha limitado su capacidad de inversión en áreas clave como salud, educación e infraestructura. Este nuevo enfoque busca revertir esa tendencia y mejorar las condiciones de vida de la población.
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