Violación en manada en Uruguay: liberaron a los acusados y Lacalle Pou reclamó a la Justicia

El caso de una violación grupal sufrida por una mujer de 30 años en Uruguay abrió un debate en la sociedad sobre la falta de "una respuesta rápida" para estos delitos, ya que, pese a que los presuntos agresores fueron detenidos, quedaron en libertad con la sola obligación de estar localizados.

La carencia de herramientas ágiles para la solución rápida de estos delitos fue denunciada por la fiscal de Delitos Sexuales Syliva Lovesio, que encabeza la investigación del caso y que, en declaraciones radiales, dijo que las mujeres uruguayas "no están seguras".

"La misma indignación que le causa a la sociedad nos causa a nosotros, que escuchamos a la víctima, tenemos que leer los informes que nos dieron donde se corrobora lo que la víctima padeció, ir a un juicio", detalló.

En un caso que conmocionó a la opinión pública, la mujer relató que, tras conocer a un hombre en un bar e ir a su departamento para mantener relaciones sexuales, en la vivienda entraron otros dos hombres y entre los tres la violaron.

Las pericias forenses constataron la violación, pero los tres detenidos se negaron a someterse a una prueba de ADN, por lo que hubo que recurrir a una autorización judicial.

A la espera de los resultados, los tres hombres fueron puestos en libertad, pero emplazados (es decir, deben estar localizados en sus domicilios).

Según Lovesio, los delitos sexuales en Uruguay "no son una prioridad en materia de políticas públicas" y ello se refleja en la poca cantidad de fiscalías especializadas que tiene Montevideo, los pocos recursos humanos y las demoras en la toma de "evidencias contundentes", como las que ahora impiden la acusación formal de los tres hombres.

El debate abierto en la sociedad produjo una ola de críticas en redes sociales a hombres que cuestionaron a la víctima, así como la petición de colectivos y mujeres referentes en la sociedad de la necesaria implicación de los hombres en defensa de la libertad de la mujer.

Incluso el presidente del país, Luis Lacalle Pou, se refirió a este hecho y declaró que, aunque no se inmiscuiría en el trabajo judicial, la pena debía ser "contundente" y "ejemplarizante".

"Estos actos no son propios del ser humano ni del género masculino", remarcó el jefe de Estado.