El juez Julián Ercolini dispuso hoy el allanamiento de la sede de AFSCA, intimó a retirarse a quienes se encuentren en el lugar y ordenó "eventualmente proceder al desalojo", en el marco de la causa iniciada contra el titular de la entidad Martín Sabbatella que decidió resistir en el lugar tras la intervención.
Ayer, el interventor Agustín Ignacio Garzón se presentó en tribunales, después del cierre del horario judicial, para denunciar la resistencia de Sabbatella a salir de la entidad, y solicitó medidas para tomar "posesión del lugar con el fin de salvaguardar los bienes del Estado Nacional".
Al analizar la cuestión, Ercolini aclaró que en su condición de "magistrado federal penal, no posee jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre ello".
También aclaró que conocía la existencia de una acción de amparo presentada por Sabbatella. "Ha sido de conocimiento público, dadas las diversas declaraciones realizadas desde la sede del AFSCA a distintos medios de comunicación por licenciado Martín Sabbatella, tanto hoy como en la víspera, que se opondría al acatamiento de la medida dispuesta en el decreto mencionado y que esperaría en su oficina hasta que la cuestión fuera resuelta judicialmente", dijo Ercolini.
También señaló que el denunciante "no ha manifestado en su declaración haberse presentado a la sede del organismo y que se le impidiera ello, aunque hizo saber sobre la existencia de manifestantes en el lugar".
"Ante la situación dada, sin perjuicio de la solución a que se arribe en el fuero contencioso administrativo federal, pudiendo estar en riesgo los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, así cómo documentación relativa al organismo y hasta tanto se resuelva la cuestión por los canales políticos y judiciales competentes, corresponde realizar medidas urgentes orientadas a asegurar y preservar dichos bienes", sostuvo Ercolini.
En ese marco, el juez afirmó que "dado el estado de cosas, resulta indispensable ordenar el registro del lugar, intimar a los presentes a retirarse por sus propios medios inmediatamente del edificio, y en la eventualidad proceder al desalojo, realizar una exhaustiva constatación del estado de los bienes del Estado que se encuentren en el lugar, dejando la debida consigna policial tendiente a garantizar que cesen los efectos de los delitos denunciados".
El juez dispuso estas medidas, propuestas por el fiscal Carlos Stornelli, "aún con independencia de lo que se resuelva en definitiva ante el fuero competente en la fecha, y con el fin de preservar los bienes del Estado Nacional".
Fuente: agencia DyN.
