El juez Ercolini procesó y ordenó la detención de Cristobal López

El juez federal Julián Ercolini ordenó este martes la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunto fraude millonario al Estado por no pagar durante el gobierno de Cristina Fernández unos 8.000 millones de pesos en impuestos.

Según informaron este martes fuentes judiciales, además, el magistrado ordenó embargos sobre López y De Sousa hasta cubrir la suma de 17.042 millones de pesos y procesó sin prisión preventiva al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray.

La decisión de detener a López y De Sousa, su socio, contra quienes también se ordenó embargos de bienes se produce después de que en octubre de 2016 el fiscal Gerardo Pollicita pidiera el procesamiento de ambos, así como de Echegaray y de otras 19 personas "por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

En la causa se investiga a diversos exfuncionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos -que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray- por posibles maniobras para favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo, presidido por López.

Según el expediente, la AFIP se prestó a irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos que dicha firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo".

En concreto, se acusa a los procesados de adeudar 8.000 millones de pesos. Los hechos investigados van de mayo de 2013 a diciembre de 2015, cuando Echegaray abandonó la dirección de la AFIP por el cambio de
gobierno.

"En connivencia y de forma coordinada, (los funcionarios imputados) incumplieron los deberes a su cargo -por acción en algunos casos y mediante omisión en otros- y con sus intervenciones permitieron que Oil Combustibles postergara indefinidamente el pago en forma irregular -acumulando deuda-", acusó Pollicita en su dictamen.

La investigación, cuyos imputados ya prestaron declaración ante el juez, se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió por presunta asociación ilícita contra el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, funcionarios del gobierno y un grupo de empresarios, entre ellos López, De Sousa y Lázaro Báez, este último detenido desde hace año y medio en otra causa por presunto lavado de dinero.

No obstante, López está afectado en otras causas, principalmente por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el gobierno de Fernández.

Es así que junto a Báez y la propia exmandataria está acusado de formar una asociación ilícita por los supuestos negocios irregulares cometidos en torno a esas concesiones. Fuente: EFE