La resolución número 65, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, derogó una resolución anterior firmada por el ex ministro de Defensa Agustín Rossi el 26 de julio de 2013 que "prohibía" la "internación y/o asistencia ambulatoria" de "personas condenadas
penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar" en unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas.
Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a DyN que hay casos de militares procesados que realizan tratamientos oncológicos y que en los lugares donde se atienden actualmente no tienen "ninguna cobertura", al tiempo que señalaron un "sesgo ideológico muy fuerte" del gobierno anterior para con el sector militar y una actitud "bastante impulsiva" para tomar una medida de estas características.
La medida advierte que "los cuadros clínicos y psiquiátricos que presentan los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser adecuadamente tratados intra muros" y apela a distintos tratados y acuerdos de derechos humanos para argumentar el permiso.
La resoluciDon describe "los problemas crDonicos y estructurales en la atención de la salud en las cárceles" y señala como "causas determinantes" a "la insuficiente dotación de los planteles profesionales, de enfermería y de técnicos y la inadecuada formación profesional y humanística de muchos agentes penitenciarios".
Además, como "las personas privadas de libertad se encuentran en una posición de subordinación frente al Estado", el mismo "se convierte en garante de sus derechos fundamentales, en particular los derechos a la vida y a la integridad personal" que implican "la asistencia médica requerida".
El 25 de julio de 2013 dos represores que cumplían distintas condenas por delitos de lesa humanidad en San Juan escaparon cuando iban a ser atendidos en el Hospital Militar Central, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
La fuga del ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, que cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, condujo al entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, a determinar -al día siguiente- la prohibición de que militares enjuiciados se atendieran en centros médicos de las Fuerzas Armadas.
De Marchi fue recapturado en diciembre del año pasado en el barrio porteño de Almagro, mientras que Olivera continúa prófugo de
la Justicia.
