El eje de la resolución favor de la Argentina en el juicio por YPF fue considerar que no existió incumplimiento contractual bajo la ley aplicable.
Esto desarma el núcleo de la demanda impulsada por los fondos que habían adquirido los derechos litigiosos del Grupo Petersen, en especial Burford.
Es decir, respaldó también la posición del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, quien fue el ideólogo de la nacionalización y los argumentos que ahora valida la justicia de EEUU.
La estrategia argentina
Uno de los pilares centrales de la estrategia argentina fue plantear que el conflicto debía analizarse bajo el derecho público argentino, y no como un simple incumplimiento de contrato comercial.
En concreto, los abogados del país sostuvieron que la expropiación de YPF se realizó mediante una ley del Congreso, lo que la ubica en un plano superior respecto del estatuto interno de la empresa, tal como planteaba Kicillof.
Ese punto fue determinante: mientras los demandantes argumentaban que el Estado debía lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas —tal como establece el estatuto de la compañía—, la Argentina replicó que una norma de orden público, como la ley de expropiación, prevalece sobre cualquier obligación societaria privada.
La Cámara de Apelaciones terminó validando esta interpretación al señalar que los reclamos por incumplimiento contractual “no son reconocibles bajo el derecho argentino”, lo que dejó sin sustento la condena previa.
Así, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictó sentencia a favor de YPF, al considerar que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra el país y la empresa carecen de fundamento.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos sobre el caso YPF y la expropiación de la petrolera marcó un punto de inflexión en la disputa legal que involucró a la República Argentina y a accionistas minoritarios de la compañía.
El tribunal abordó los reclamos millonarios que surgieron a raíz de la estatización de la empresa y evaluó los argumentos de ambas partes, así como las implicancias legales bajo el derecho argentino. La resolución incluyó además una opinión disidente.
El caso llegó al tribunal tras la decisión del Distrito Sur de Nueva York, que había ordenado a la Argentina el pago de 16.100 millones de dólares a los accionistas afectados por la expropiación.
La República Argentina presentó su apelación, cuestionando tanto la interpretación del derecho argentino como la naturaleza de las obligaciones contempladas en los estatutos de YPF. Por su parte, los accionistas minoritarios también apelaron, objetando el rechazo de sus reclamos por promissory estoppel y la desestimación de sus demandas contra la propia empresa.
La victoria legal fue por dos votos contra uno. Los magistrados Denny Chin, y Sarah Merriam Robinson votaron a favor de la decisión que anuló la condena contra la Argentina, mientras que José Cabranes lo hizo en disidencia.
