El juez Eduardo Martearena ordenó a Mónica Beatriz Molina, de 50 años, a pagarle 10 mil pesos a su ex esposo, el comerciante Aldo Palacios, además de publicar el fallo durante siete días en Facebook.
Según la denuncia, por varios meses Molina calificó a Palacios en su muro como "rata", "maltratador", misógino", "burro" y "corrupto", mientras que lo acusaba en forma falsa de no abonar la cuota alimentaria a su hija.
Se trata de la primera sentencia judicial de Mendoza que se expresa sobre este tipo de delitos que ha generado el cotidiano uso de las redes sociales.
"Marca un hito en nuestra jurisprudencia respecto a las consecuencias que tienen este tipo de conductas que se han generalizado en las redes sociales y que causan daños psicológicos y morales en las víctimas que sufren este tipo injurias, llamadas ‘escraches’”, dijo a la prensa local la abogada especialista en derecho informático Bárbara Peñaloza, quien defendió a la pareja afectada.
"Gatita", "mantenida", "inmoral" y "burro"
Aldo Palacios tuvo una relación con Mónica Molina, trabajadora social mendocina. Tuvieron una hija y en 2009 se separaron. Luego se estableció una cuota alimentaria que el hombre pagó religiosamente.
A principios de 2017, Aldo se casó con Nilva María Dias Ephima, una funcionaria pública de Brasil. Ahí Molina intensificó sus comentarios fuera de lugar y sumó como blanco a la nueva mujer de su ex.
La abogada de la pareja, en la denuncia, adjuntó 26 publicaciones realizadas por Molina en su biografía de Facebook entre marzo y octubre del año pasado para que las viera cualquier usuario.
Además de incluir el nombre de los denunciantes, publicaba fotos de ellos. También mandaba mensajes privados a los familiares de la pareja con contenido injuriante. “Mierda”, “inmoral”, “deshonesto”, le decía a él; y a ella “figureti”, “gatita” y “cómplice de las mentiras de Palacios”. Estos mensajes llegaron incluso, de forma privada, al entorno de la mujer en Brasil.
El juez Eduardo Martearena consideró que Molina ocasionó un daño “importante”, sobre todo a la mujer brasileña que nada tenía que ver en el asunto y que se vio afectada por “el carácter universal que la imputada ha impreso a los insultos”.
También consideró como agravante que Molina sea una funcionaria pública con funciones vinculadas a la temática de violencia de género y que, por lo tanto, “es conocedora de los efectos perniciosos, dañinos y denigrantes de la violencia verbal”.
“Resulta paradójico que quien se compromete en la lucha contra el maltrato de la mujer emplee los mismos comportamientos que cuestiona”, sostuvo el magistrado en el fallo.
Foto ilustrativa / Archivo web
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