En una resolución que marca un precedente fundamental para la jurisprudencia argentina en la era digital, el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón condenó a Orlando Tristán Novillo a la pena de 20 años de prisión por cometer abuso virtual, sin que existiera contacto físico entre el agresor y la víctima.
Novillo, quien ya se encontraba cumpliendo una condena en un penal bonaerense al momento de los hechos, utilizó perfiles falsos en Instagram y WhatsApp para contactar a la adolescente, que entonces tenía 12 años.
Según la investigación, el sujeto mantuvo a la niña bajo un "cautiverio psicológico" durante más de tres años, obligándola a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo mediante videollamadas y amenazas constantes de difundir material íntimo.
El fallo: la virtualidad no excluye el abuso
Los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez entendieron que el delito de abuso sexual con acceso carnal se configuró a pesar de la distancia física. El fiscal de la causa, Claudio Oviedo, destacó que el agresor "doblegó la voluntad de la víctima" de forma progresiva, utilizando la tecnología como una herramienta de sometimiento y poder.
Además del abuso, Novillo fue hallado culpable de:
- Producción y tenencia de material de abuso sexual infantil (se hallaron 719 archivos en su poder).
- Promoción de la corrupción de menores.
- Extorsión y defraudación (le exigía a la víctima datos de tarjetas de crédito familiares, llegando a sustraer más de $350.000).
La importancia del entorno escolar
El caso salió a la luz gracias a que la adolescente logró romper el silencio y confiar en una docente. Desde la fiscalía subrayaron el rol clave de las instituciones educativas y los protocolos de intervención: "La docente no la juzgó, la orientó y permitió que la familia hiciera la denuncia", señaló Oviedo.
Este fallo abre una nueva etapa en la protección de las infancias y adolescencias frente al grooming y los delitos digitales, que da un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de quienes utilizan las plataformas virtuales para vulnerar derechos.
