El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño encabezó un operativo internacional contra la explotación sexual infantil que culminó con 84 detenidos en 17 provincias argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y otros 15 países.
La acción, denominada “Aliados por la Infancia VI”, incluyó 270 allanamientos: 68 en territorio nacional —en jurisdicciones como Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, entre otras— y el resto en el exterior. Según el detalle, se realizaron 159 procedimientos en Brasil; siete en Panamá y República Dominicana; cinco en Guatemala, Uruguay y Paraguay; cuatro en Costa Rica y España; tres en Perú; y uno en Puerto Rico, Honduras y Francia.
Los operativos derivaron en 84 detenciones por delitos vinculados a la tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. De ese total, 26 arrestos se concretaron en Argentina y 58 en el resto de los países involucrados.
La investigación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al CIJ el uso de herramientas como ICACCOPS y CPS para identificar usuarios de redes P2P que comparten este tipo de material, además de analizar reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
A partir de ese trabajo, la Unidad de Cibercrimen del CIJ detectó múltiples domicilios en distintas provincias: 15 en la Ciudad de Buenos Aires, 11 en Santa Cruz, ocho en la provincia de Buenos Aires, y varios más distribuidos en Córdoba, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chubut, entre otras jurisdicciones. Esa información fue remitida a las autoridades locales, que avanzaron con las tareas de verificación y los allanamientos.
El fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó: “Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos y donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos constituimos como coordinadores generales”.
“No nos olvidemos que hacer allanamientos en varios países en simultáneo es una tarea que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y todo eso se hizo desde el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, yendo hacia el fondo: yéndolos a buscar, llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son —además de tenedores de este tipo de material— autores de delitos de abuso sexual para niños, niñas y adolescentes”, agregó.
Por su parte, Dupuy explicó los pasos a seguir: “Lo que sigue ahora, después de este trabajo en equipo excelente y con esta nueva gestión del doctor Martín López Zavaleta; es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ. Y allí se determinará si realmente vamos a juicio o si rápidamente llevamos a cabo —obviamente conversándolo con los defensores— alguna vía alternativa, como son los juicios abreviados. Pero estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados; y eso, creo que, entre todos, estamos trabajando para llevarlo a cabo lo más pronto posible".
En tanto, la secretaria general del CIJ, Bárbara Moramarco, remarcó: “La intervención del Ministerio Público Fiscal, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, no hace más que evidenciar que la cooperación internacional constituye un presupuesto ineludible y un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional”.
“Aliados por la Infancia” es una iniciativa internacional coordinada desde la Argentina para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, con acciones simultáneas en distintos países orientadas a desarticular redes dedicadas a la circulación de material de abuso.
La operación se gestó a partir del trabajo conjunto entre la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal porteño, a través del CIJ. Como parte de esa cooperación, el país accedió al sistema ICACCOPS mediante un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center, herramienta que permite detectar usuarios que distribuyen contenido ilegal en redes P2P. También se incorporó la plataforma CPS, desarrollada por la ONG Child Rescue Coalition, que posibilita identificar en tiempo real a personas involucradas en estas actividades.
Fuente: NA.
