Política
Gómez Centurión pidió disculpas y justificó sus dichos sobre la dictadura: "Son opiniones de carácter personal"
El titular de la Aduana y ex militar carapintada, Juan José Gómez Centurión, salió este lunes a pedir "disculpas frente a declaraciones vertidas" en las que negó un plan sistemático para la desaparición de personas en la última dictadura militar y aclaró que esas fueron "opiniones de carácter absolutamente personal", sin involucrar al gobierno de Mauricio Macri.
En un breve comunicado difundido tras recibir duras críticas de organismos de derechos humanos y dirigentes de la oposición y del propio oficialismo, el ex militar que participó de los alzamientos carapintadas de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, señaló: "Frente a declaraciones vertidas por mi persona en un programa periodístico, debo aclarar: 'Ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas".
"Estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal"
En ese marco, Gómez Centurión añadió que "estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal", con lo que buscó despegar al gobierno de sus dichos pero no se retractó.
En declaraciones pronunciadas a América TV, el director general de la Aduana consideró el pasado domingo, que la última dictadura militar no consistió en un "plan sistemático para hacer desaparecer" personas sino un "torpísimo golpe de Estado" y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras".
Las declaraciones de Gómez Centurión generaron duros rechazos también de sectores del radicalismo aliado al gobierno. El ex militar y veterano de la guerra de Malvinas, participó de los alzamientos militares conocidos como Semana Santa en abril de 1987 y Monte Caseros en enero de 1988, que durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín reclamaban el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad que alcanzaban a los militares de bajo rango, proceso que derivó en la sanción de las leyes de Punto Final Y Obediencia Debida.