La pandemia potenció la crisis económica del país y agravó con fuerza el escenario habitacional, entre otros aspectos. La usurpación de tierras e inmuebles, con la irrupción inicial del confinamiento obligatorio, se hizo cada vez más notoria y evidente en Bahía Blanca.
Sin embargo, el hábito de la toma ilegal día a día se supera en el nivel de complejidad. Y en este caso particular, un grupo de inquilinos avanzó más allá con la actividad ilícita.
Hernán Aguale es dueño del hospedaje "El Laurel", ubicado en calle Chiclana al 1.700, que en los últimos meses fue "usurpado" por sus residentes y otras personas.
El propietario, en diálogo con Telefe Noticias, remarcó que "destruyeron" la pensión y la están "convirtiendo prácticamente en un aguantadero de delincuentes".
"Yo ya creo que se atreven a cualquier cosa. Cuando inició la cuarentena yo armé un hospedaje sencillo hace dos años porque mucha gente viene a Bahía Blanca por trabajo y necesita un lugar que no sea sea tan lujoso como un hotel pero que esté agradable, seguro y limpio. Tenía cinco huéspedes y de repente no empezaron a pagar más las cuentas", señaló.
Aguale mencionó que, ante esta circunstancia, envió a una empleada a cobrar a los morosos y "la patotearon".
"La policía no hizo nada, se nos reía en la cara. (...) yo no quiero ser mal pensado y pensar que están cuidando a alguien ahí adentro o hay mala voluntad", enfatizó.
Y agregó que "se siguieron dando situaciones cada vez más violentas. Las autoridades nos dijeron que no teníamos derecho a hacer ningún tipo de quejas. Y esta gente se sintió ya dueña del lugar y estuvieron todo este periodo haciendo fiestas, me lo destrozaron. En una habitación que es para una o dos personas habían 15".
El dueño del albergue radicó una denuncia en la Fiscalía N°7, presentó 30 testigos, boletas de los servicios que acreditaban su posesión de la propiedad, y no obtuvo respuestas de la justicia.
El propietario indicó que los ocupantes "están desmantelando el hospedaje, robaron cosas de un baño, y un mueble también".
"Están formando un nido de delincuentes y los vecinos me están reclamando a mí", aseveró.
Consultado por el origen de los inquilinos, Aguale detalló que dos son provenientes del sur (uno de Bariloche y el otro de San Martín de los Andes), y los restantes de nuestra ciudad.
"La gente que me usurpó tiene trabajo. Algunos de manera informal, pero también cobran ayudas del Gobierno y encima no pagan más alquiler. Están de fiesta, piden comida, compran por internet", afirmó indignado.
Y añadió: "Los servicios están conectados a mi nombre. Normalmente pagábamos 800 pesos de gas y entre 1.500 y/2.000 de luz. Empezaron a venir facturas de diez mil automáticamente y debo llevar ya de deudas unos 90 mil pesos entre los servicios".
Según Aguale, las autoridades le aconsejaron que contrate un abogado. Un gasto inesperado que escapa de su presupuesto actual, afectado por la falta de ingresos y generación de recursos.
"Llevamos 7 meses perdiendo dinero no podemos pagar abogados, además para perder el tiempo si la autoridad no ayuda a alguien que trabaja y no tuve aumento de sueldo como la policía o la justicia, lo único que me aumentaron son los impuestos", sentenció.
