Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las Universidades Públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo y desaprensión hoy solicita “un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios”.
Mientras tanto profundiza la crisis de la educación superior, con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el poder judicial.
Al respecto, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, manifestó: “Desde nuestro gremio docente repudiamos y rechazamos el comunicado del Ministerio de Capital Humano, donde se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra de Capital Humano Sandra Petovello”.
Y agregó: “En vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”.
Además, le exigió al jefe de gabinete, Manuel Adorni que reasigne las partidas necesarias para dar cumplimiento efectivo de esta ley. “Necesitamos menos comunicados en redes y más trabajo por parte del Gobierno para garantizar el derecho y la calidad de la educación, el desarrollo científico y el acceso a la salud en nuestro hospitales universitarios”, señaló.
Por otro lado, se ratificó la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, invitando a sumarse a toda la comunidad que comparte la convicción sobre la importancia de preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro de nuestro país.
