Las estafas basadas en el engaño generan impactos que exceden ampliamente el perjuicio económico. Se trata de ataques que afectan de manera grave la salud física, mental y emocional de las víctimas. “Mientras que para el estafador las consecuencias del delito pueden no resultar perjudiciales e incluso llegar a ser beneficiosas, para las víctimas el impacto suele ser devastador, en algunos casos con riesgo cierto para la vida”, afirma el ex director de la Comisión Nacional de Valores Héctor Helman.
Las estafas y los fraudes financieros cumplen un conjunto de patrones reiterados y riesgos objetivos que, según damnificados y profesionales intervinientes, merecen ser conocidos como herramienta de prevención.
Un caso patético
¿Quién puede apropiarse de los fondos percibidos por familiares de víctimas de atentados terroristas, como ocurrió en el caso de la comunidad judía en AMIA, y no reintegrarlos más? “En este caso, Trinidad Ribaya recibió un considerable monto de dinero originado en fondos públicos otorgados a familiares por el Estado como compensación, y actuó con el mismo desapego que en cualquier otro de sus ‘negocios’: apropiarse de los ahorros de un jubilado, de un empresario exitoso, de una familia o de cualquier otra víctima", relata Helman, doctor en Ciencias Económicas y con conocimiento de causa por ser uno de los “damnificados Ribaya”.
“Todos y cualquiera constituye en todo momento una fuente para la apropiación ilegal”, lamenta Helman.
Compensaciones sin escrúpulos
Cuando el incumplimiento hacia el estafado ya no puede ocultarse, éste es reemplazado por promesas futuras intangibles. No se trata de errores aislados, sino de un patrón típico del fraude y el engaño.
Así, surge un nuevo engaño: compensaciones ofrecidas mediante medios de pago de dudosa cobrabilidad, metros cuadrados en obras inexistentes y sin garantías, o retornos alternativos de alta opacidad. “Todas propuestas que resultan indignantes para los acreedores. Cancelar deudas generadas hace cinco años o más mediante supuestos negocios a monetizar dentro de tres años constituye un incumplimiento sistemático y abusivo, sin intención real de regularización”, puntualiza el ex funcionario.
Lavado y ocultamiento de activos
El estafador no reintegra el dinero, se victimiza, deja transcurrir el tiempo y nunca invierte conforme a lo pactado.
¿Cuál fue el destino de los fondos aportados por el Estado a familiares de las víctimas del atentado AMIA, que fueron apropiados y jamás devueltos a los familiares? “La imposibilidad de rastrear los fondos apropiados ilegalmente deja de ser una conjetura y se convierte en una línea obligada de investigación: el ocultamiento de activos”, enfatiza el especialista bursátil y agrega: “Un punto central de las denuncias es el desconocimiento absoluto del destino de los fondos recibidos. No existe rendición de cuentas, trazabilidad ni explicación consistente sobre el uso de los montos obtenidos”.
Responsabilidades
Cada etapa de estos hechos tóxicos tiene responsables. Una vez consumado el fraude, acortar plazos es clave. Es por ello que Helman propone:
- Deben generarse alertas tempranas, intervenciones y resoluciones judiciales en plazos razonables. La realidad demuestra que las causas por estafa y fraude suelen extenderse durante años, afectando a personas de todos los niveles sociales y económicos.
- La difusión mediática amplia y transparente constituye una opción social válida para intentar soluciones alternativas frente a procesos judiciales excesivamente prolongados.
- Los poderes del Estado deben facilitar los procesos, no obstaculizarlos, y actuar con independencia, evitando tanto acusaciones infundadas como salvatajes políticos.
“La estafa y el dolo, cuando existe evidencia clara, no pueden derivar en impunidad ni en la postergación indefinida de los fallos mediante ardides judiciales”, concluye el economista.
