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Desde la oposición elogiaron el fallo de la Corte sobre el gas: "Termina con una angustia del pueblo argentino"

Diputados del Frente para la Victoria y del Frente Renovador elogiaron la decisión del máximo tribunal y cuestionaron al Gobierno.
Por Telefe Noticias

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Política: Desde la oposición elogiaron el fallo de la Corte sobre el gas: "Termina con una angustia del pueblo argentino"

El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, sostuvo este jueves que el fallo de la Corte Suprema para frenar el ajuste de facturas de gas para usuarios residenciales "termina con una angustia del pueblo argentino".

En declaraciones a DyN, el diputado afirmó que "es bueno" que el pronunciamiento del máximo tribunal "recuerde al Congreso que hay que legislar en favor del pueblo".

Aunque aclaró que no había tenido tiempo de "analizar y estudiar" el fallo de la Corte que frena el aumento del gas a los usuarios residenciales, Recalde dijo que esperaba que no deje "excluidos a los clubes de barrio, las universidades y entidades sin fines de lucro".

El legislador consideró que el fallo de la Corte "termina con una angustia del pueblo argentino", que no sabía cómo iba a afrontar el pago retroactivo del llamado "tarifazo".

A su vez, resaltó que a primera vista el pronunciamiento efectúa un "reclamo de razonabilidad" porque "lo que está diciendo es que el tarifazo fue irrazonable inclusive en el 400 por ciento y está diciendo que para fijar la tarifa primero tienen que realizar las audiencias públicas, después será otra discusión como fija las tarifas".

Asimismo, Recalde advirtió que "otro secreto a desentrañar" respecto de las tarifas es "qué pasa con (el precio) del millón de BTU en boca de pozo", que se utiliza para fijar el valor del gas.

Por su parte, el titular del Partido Justicialista, el diputado José Luis Gioja, destacó el fallo de la Corte y reclamó que, además de obligar a hacer audiencias públicas para modificar el cuadro tarifario, se hagan "también" otras "vinculantes para determinar el costo del precio mayorista".

"La tarifa final es la suma de estos dos: del costo de producirlo más el transporte y la distribución; la audiencia es para la segunda parte" entonces "también hagamos audiencias públicas vinculantes para determinar ese valor y para determinar el costo en el preciso mayorista", aseguró.

En declaraciones televisivas, Gioja sostuvo que según "un informe de la Fundación Bariloche, cuya exactitud y prestigio nadie puede cuestionar -y que además es asociada al CONICET- donde ese costo es de 1,9 y ellos están considerando 5 y medio o seis".

"¿Por qué llegan a ese valor? Porque ahí es donde empieza a inflarse el costo", señaló.

Desde el Frente Renovador, el diputado José Ignacio De Mendiguren aseguró que la decisión de la Corte era lo que esperaban en ese espacio, y advirtió que "el Gobierno debió hacerse cargo desde el principio".

"Era lo que estábamos esperando, aunque no vimos todavía la letra chica. Confirmamos lo que hemos dicho en un primer momento. Nos hemos metido en un enredo grande, el Gobierno debió hacerse cargo desde un principio", expresó.

En declaraciones radiales, el dirigente industrial recordó que desde el massismo "con la mejor intención" le dijeron al Gobierno "que no había que judicializar el tema".

"Este tema era de una decisión política, no técnica ni jurídica. En varios aspectos esto es muy confuso y mal manejado. Incluso en la misma audiencia de (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren en el Congreso, hasta el mismo oficialismo reconoció que hubo impericias técnicas y políticas", concluyó.

Desde el massismo también habló la diputada Graciela Camaño, quien sostuvo que el fallo de la Corte le brinda al Gobierno "la oportunidad" de "ir por el buen camino" y reencauzar el abordaje del problema del retraso tarifario.

"En ese marco de ideas es una oportunidad buena que hay que aprovecharla", dijo Camaño y recordó que cuando expuso Aranguren ante comisiones en la Cámara el martes último "le dijimos al ministro que hay un límite en la legalidad, no se puede hacer lo que se quiere".

Camaño estimó que el pronunciamiento del tribunal ofrece al Poder Ejecutivo la posibilidad de "ponerlo en cauce" al asunto y ahora "tendrá que tomar las medidas sobre lo que decide en este cauce".