El Gobierno anunció que trasladó a cárceles de máxima seguridad federales a la banda de presos que extorsionaba desde prisión a varias personas, entre ellas el soldado Rodrigo Gómez, que se suicidó en diciembre en la Quinta de Olivos. Según detalló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un video publicado en sus redes sociales, fueron catalogados como presos “de alto riesgo” y serán aislados sin celulares.
La funcionaria compartió imágenes del traslado desde donde estaban alojados -los penales de La Plata, Olmos y Magdalena- y prometió que no tendrían privilegios.
La maniobra
Según surge de la investigación, la organización criminal creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas “Evermatch”—, para contactar a las víctimas y proponerles continuar la conversación a través de WhatsApp.
Luego, desde el número de la supuesta mujer, las víctimas recibían un mensaje de audio de quien decía ser su madre, en el que les advertía que la joven era menor de edad y que formularía una denuncia en su contra. Posteriormente, recibían un llamado de una persona que se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires —cuya identidad era usurpada—, quien les indicaba que la supuesta madre estaba por denunciarlos y les exigía transferir dinero bajo el pretexto de “ayudar con la situación” y evitar la denuncia.
En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos. El primero de los casos fue el que perjudicó al soldado Gómez, a quien obligaron a transferir 1.413.000 pesos, a dos cuentas de la plataforma Mercado Pago, el 15 de diciembre pasado.
El 26 de diciembre, otro hombre fue forzado a transferir 15.000 pesos a una cuenta de la misma billetera virtual, registrada a nombre de otra de las imputadas. Finalmente, los días 22, 27 y 28 de diciembre, una tercera víctima depositó 116.000 pesos en cuentas pertenecientes a dos de las mujeres investigadas.
El caso Rodrigo Gómez
La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero, y se le atribuyen, en principio, tres hechos, entre otros muchos pendientes aún de esclarecimiento. El más difundido es el del soldado Rodrigo Gómez: tenía 21 años y se mató en la Quinta de Olivos, acorralado por las extorsiones de los delincuentes, que se hacían pasar por policías para acusarlo (falsamente) de delitos de índole sexual.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva explicó anteriormente que los siete reclusos operaban la organización desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.
En la misma conferencia de prensa, Arroyo Salgado indicó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, luego del hallazgo del cuerpo del hombre de 21 años, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.
El joven había dejado una carta en donde se despidió de su familia, les pidió perdón y expresó angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la agrupación delictiva y señaló: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más”.
En ese contexto, la defensa de tres de las mujeres solicitó la excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso al planteo al considerar la gravedad de los hechos, la posible existencia de más damnificados y el desenlace trágico del soldado, que evidenciaban riesgos procesales concretos. El representante de la fiscalía sostuvo que, en caso de recuperar la libertad, las imputadas podrían entorpecer la investigación o eludir el accionar de la Justicia, ya que aún restan medidas de prueba pendientes y no se descarta la participación de otras personas en la maniobra.
Además, remarcó que la organización habría actuado con una estructura coordinada y con capacidad para intimidar a las víctimas mediante amenazas de difusión de supuestos contenidos íntimos en entornos digitales, modalidad que formaba parte del mecanismo de extorsión.
La magistrada coincidió con esos argumentos y rechazó los pedidos de excarcelación al advertir que persisten riesgos de entorpecimiento y de reiteración delictiva, mientras se aguardan los resultados de los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.
