Desde el inicio de la pandemia en 2020, Trinidad Ribaya ha sido acusada de realizar decenas de estafas a individuos en distintas provincias de Argentina y en Uruguay, utilizando un esquema similar al de Madoff o Blaksley, según denuncian los afectados. La operación no discriminaba entre inversores y se habría ejecutado sin límites, de acuerdo con declaraciones de uno de los damnificados, el ex director de la Comisión Nacional de Valores Héctor Helman.
La práctica Ribaya no sólo dejó pérdidas económicas, sino que también provocó daños emocionales, estrés psicológico, deterioro familiar, pérdida de oportunidades de negocios y laborales, además de años de angustia para quienes quedaron atrapados en una cadena de promesas incumplidas.
“El caso más patético fue el de familiares de víctimas del atentado a la AMIA”, asegura Helman. Ribaya recibió un considerable monto de dinero originado en fondos públicos otorgados por el Estado nacional a familiares del atentado a la AMIA como compensación.
El Poder Ejecutivo Nacional estableció “por única vez” el pago de “un beneficio extraordinario” a las víctimas y familiares directos de quienes fallecieron en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994.
"Actuó con el mismo desapego que en cualquier otro de sus ‘negocios’: apropiarse de los ahorros de un jubilado, de un empresario exitoso, de una familia o de cualquier otra víctima", se indigna el doctor en Ciencias Económicas que tiene conocimiento de causa por ser uno de los “damnificados Ribaya”.
“Ribaya comparte factores clave del perfil requerido para apuntar a la inclusión de personas proclives a aceptar la manipulación emocional, la mentira y la creación de una falsa sensación de confianza para obtener beneficios económicos que la ha conducido a realizar casos ominosos", insiste el ex funcionario bursátil.
“Todos y cualquiera constituye en todo momento una fuente para la apropiación ilegal”, lamenta Helman.
Las estafas en el país
En la Argentina, la mayor parte de la estafas no aparecen en los titulares porque no movilizan cifras multimillonarias, son relativamente pocas las que desatan situaciones de escándalos locales o con alcance internacional
Las estafas de menor tamaño, una suerte de “estafas hormiga”, sin embargo, erosionan patrimonios, reputaciones y vínculos personales. Son prácticas repetidas, fragmentadas, dispersas en distintas jurisdicciones, que rara vez adquieren visibilidad pública.
“Los casos denunciados son relativamente escasos en proporción al total y un fallo judicial puede requerir de años”, expresa Helman, quien sí denunció a Trinidad Ribaya al igual que muchos otros damnificados ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional por presuntas maniobras de estafa continuada. “Si bien será la Justicia la que determine finalmente responsabilidades, es una obligación moral advertir de la gravedad del hecho a quienes aún no han sido víctimas del engaño y del robo premeditado”, advierte.
Estafas, fraudes y lavado de activos constituye un mal de alcance amplio que se mueve con dinamismo, con bajo costo para quienes utilizan la estafa como medio de vida o de enriquecimiento, rápida movilidad de ocultamiento, y penalidad tal vez vigente al cabo de años.
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