En la presentación de la organización Reset Republicano, se sostiene que, de los considerandos del decreto en cuestión, surge que la expresión “Año de la Grandeza Argentina” que se ordena consignar en todos los documentos oficiales que se expidan durante 2026, refiere a una autocelebración propagandística de políticas públicas que lleva adelante el Gobierno nacional, adjudicándoles a las mismas la capacidad de brindar a la Nación un destino de “grandeza”.
En ese contexto, se advierte que el primer mandatario no solo vulnera, con el decreto mencionado, diversas normas contenidas en el Código de Ética de la Función Pública, sino que además, el acto administrativo en cuestión constituye una orden a todos los funcionarios que expidan documentos públicos durante 2026, para que vulneren dichas normas.
Según los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, miembros de Reset Republicano, los principios vulnerados serían: PRUDENCIA, TEMPLANZA y DIGNIDAD Y DECORO (arts. 9, 11 y 32, respectivamente, del Código de Ética de la Función Pública).
Asimismo, la denuncia establece que “los documentos públicos que se expidan durante 2026 son de todos los argentinos: de los que creen en el destino de grandeza que conllevaría la política del actual gobierno, de los que dudan de tal resultado y, también, de los que consideran que la actual gestión nos lleva al fracaso. Por lo tanto, la imposición de la idea que el Gobierno tiene de sí mismo (es decir, la idea de una parcialidad) a través de instrumentos que pertenecen a la totalidad de los ciudadanos (decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), constituye un adoctrinamiento inaceptable en una democracia republicana que, como tal, debe nutrirse del pluralismo”.
Finalmente, en la denuncia se requiere que la Oficina Anticorrupción aconseje al primer mandatario derogar el Decreto 56/2026 y pide la apertura de una investigación preliminar y eventual denuncia penal por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
