La operatoria de estafas llevadas a cabo por Trinidad Ribaya en Argentina y Uruguay, mediante un esquema similar al de Madoff o Blaksley, se repite por estos días en la provincia de Córdoba a partir de la reciente creación de Loch Patagonia SAS, integrada por Marcelo Ribaya y Patricia Lotufo -hermano y madre de Trinidad Ribaya, ambos en situación 5 del BCRA, es decir, en condición de insolvencia, un dato que encendió nuevas alertas entre quienes han seguido de cerca los conflictos judiciales, de índole comercial y penal que rodean al "caso Ribaya" desde hace años.
En paralelo, se multiplican las denuncias de damnificados que aseguran haber sufrido incumplimientos sistemáticos, promesas de pago que nunca se concretaron y maniobras económicas que dejaron a personas endeudadas, engañadas y sin capacidad de recuperar su dinero.
En ese contexto, el surgimiento de una nueva sociedad vinculada al entorno familiar directo genera preocupación: muchos se preguntan si no podría tratarse de un vehículo utilizado para continuar prácticas que ya son materia de procesos judiciales en curso.
Se puede observar un patrón que los denunciantes describen como reiterado: cambios de domicilio, esquemas difusos de negocios, explicaciones contradictorias, propuestas de pago en proyectos futuros que nunca llegan a concretarse y una ausencia total de comunicaciones formales cuando se trata de responder por las deudas acumuladas.
Este historial, junto con la persistencia de nuevas estafas en Misiones, Córdoba y CABA, obligan a mirar con precaución cualquier iniciativa comercial vinculada al mismo núcleo familiar.
Las excusas Ribaya
Los procesos de presuntas estafas que se repiten sistemáticamente a lo largo de los años por parte de una misma persona suelen presentar un patrón: frente a nuevas denuncias por fraude, defraudación o incumplimientos económicos, el estafador suele justificar su conducta alegando haber sido “estafado” por terceros.
"En la práctica Ribaya existiría un patrón de continuidad en las conductas observadas, reiteración que configuraría un riesgo concreto para potenciales nuevas víctimas", sostiene uno de los damnificados, el ex director de la Comisión Nacional de Valores Héctor Helman.
Si el motivo de las decenas de incumplimientos de cancelación de deudas a lo largo de años es explicado por haber sido víctima de estafas reiteradas por parte de terceras personas, cabe plantear en el caso de Ribaya al menos algunas cuestiones clave:
- No ha realizado ninguna denuncia formal por estafas ni ha informado a sus acreedores
- Se ha referido in abstracto a personas delictivas de alto riesgo que la han estafado, sin aporte de ninguna información específica
- Falta absoluta en el cumplimiento de cancelación de deudas
- Domicilio inubicable
- Desconocimiento de la aplicación de fondos, posible destino para cobertura de supuestas estafas, liso y llano ocultamiento de fondos, posible financiamiento de actividades ilícitas incluído el lavado de dinero.
Por estos días Ribaya retorna la propuesta de participar a los acreedores con entrega de metros cuadrados en un proyecto inmobiliario en Bariloche en 2027. Los profesionales de Córdoba que han desarrollado dicho proyecto, convocados por Marcelo y Trinidad Ribaya, continúan intentando cobrar los honorarios acordados por dicho trabajo.
"Cuando un conjunto tan prolongado de conflictos deja este nivel de impacto humano, la responsabilidad pública de prevención se vuelve evidente. Hasta tanto la Justicia logre resultados efectivos, la advertencia frente a la aparición de una nueva estructura societaria vinculada al mismo entorno es simple y urgente: extremar precauciones, solicitar documentación, verificar antecedentes y no comprometer fondos sin máxima transparencia y garantías reales", enfatiza Helman.
"Prevenir en este caso es proteger y hacerlo a tiempo puede evitar que nuevas personas atraviesen el mismo camino de daños y perjuicios que este grupo de estafadores repite descaradamente desde hace demasiados años", añade el ex funcionario. "Los daños y perjuicios no sólo son económicos. La práctica del clan provocado daños emocionales, estrés psicológico, deterioro familiar, pérdida de oportunidades de negocios y laborales, además de años de angustia para quienes quedaron atrapados en una cadena de promesas incumplidas", concluye.
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