Abogados de la iniciativa política que busca reconstruir el centro republicano, denominada Reset Republicano, denunciaron el lunes ante la Oficina Anticorrupción a Juan Pablo Carreira, funcionario a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, creada la semana pasada por el Poder Ejecutivo.
José Magioncalda y Juan Martín Fazio, miembros de Reset Republicano, se centraron en un posteo en particular en el cual se realiza una amenaza de denuncia al prestigioso constitucionalista Félix Lonigro y al diario Clarín por una nota que publicara el primero en el citado medio.
Según surge del escrito presentado en la Oficina Anticorrupción, en el posteo denunciado “(…) no se pretende rectificar una información falsa (tarea que, teóricamente, es la que compete a la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina), sino que se refuta el contenido ideológico y de opinión de la nota, en la que se establecen determinadas comparaciones que no son del agrado del gobierno. Así, por esta diferencia de criterio, el Estado Nacional, a través de la Oficina a cargo del denunciado, asevera, de modo amenazante, que: ‘Este tipo de comparaciones irresponsables ameritan denuncia, tanto de quien las formula como del medio que las publica y legitima’”.
Más allá del caso concreto, los denunciantes consideran que “la conducta denunciada reviste una gravedad institucional significativa” y que “cuando un funcionario estatal, investido de autoridad y hablando en nombre de un organismo público, insinúa que una opinión crítica puede dar lugar a denuncias, se produce un efecto amedrentador indirecto (“chilling effect”) sobre el debate público".
"No se trata aquí de una discusión ideológica ni de una controversia académica, sino del uso del aparato estatal para deslegitimar y desincentivar el ejercicio de derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión y de prensa”, establecen.
Los denunciantes solicitaron a la Oficina Anticorrupción que se ordene el cese de los posteos, desde la cuenta oficial correspondiente, con toda manifestación ajena a la provisión de información pública, que importe evaluación o cuestionamiento de las expresiones de los ciudadanos, así como de las conductas de los medios que las publican.
